Castilla-La Mancha avanza en una Ley de Integridad que refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración regional

Tal y como ha apuntado Martínez Guijarro, "es una ley que, junto con las de Transparencia y Participación, cierra esa estructura jurídica en materia de integridad pública de la Comunidad Autónoma y de una correcta gestión de los asuntos públicos en Castilla-La Mancha".   La Ley incluye la obligatoriedad de los miembros del Consejo de Gobierno de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, de tal manera que pueda comprobarse que no haya habido ningún incremento de patrimonio que no sea explicable por los ingresos obtenidos durante el tiempo que haya ejercido el cargo público.   Además, durante los dos años siguientes tras su cese, los altos cargos tendrán que comunicar las empresas con las que se va a establecer relación laboral, para que la Oficina de Integridad pueda comprobar que esa actividad privada es compatible con el ejercicio del cargo público anterior.