Residuos. Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030. [NID 2024/5462]

El marco normativo comunitario que regula las estrategias y objetivos en materia de residuos en la Unión Europea es la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, denominada Directiva Marco de Residuos, que establece entre otros aspectos el principio de jerarquía de residuos, que es el instrumento que permite disociar la relación entre crecimiento económico y producción de residuos.

La Directiva Marco de Residuos fue modificada por la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 30 de mayo de 2018, alineada con el nuevo paquete de medidas sobre la economía circular, promovido desde la Unión Europea.

En virtud del artículo 149.1.23ª de la Constitución Española, que atribuye la capacidad de establecer la legislación básica sobre protección del medio ambiente de manera exclusiva al Estado, aunque las Comunidades Autónomas pueden establecer normas adicionales de protección, e incorporando las exigencias de la Directiva Marco de Residuos, incluidas las derivadas de su modificación en 2018, se aprueba la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que en su artículo 12 .4 a) otorga a las comunidades autónomas la competencia en la aprobación de programas de prevención de residuos y planes autonómicos de gestión de residuos.

Además, la Constitución Española, en su artículo 148.1.9ª, permite que las Comunidades Autónomas puedan asumir las competencias de la gestión en materia de protección del medio ambiente.

En base a ello, la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 32, dice que es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas, entre otras.

En este contexto normativo, acorde con los cambios sociales y económicos que están teniendo lugar, convenimos que el paradigma de la economía circular ha venido para quedarse, siendo el único modelo económico y social posible que permite estimular el crecimiento económico y generar empleo sin comprometer al medio ambiente, posicionándose como piedra angular para una recuperación económica resiliente y con bajas emisiones de carbono, tras la pandemia de COVID-19.

El modelo económico lineal actual, basado en "extraer recursos naturales, producir, consumir y tirar" es despilfarrador, extractivista y responsable en gran medida del cambio climático y el agotamiento de los recursos. Si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) bajo el Acuerdo de París, debemos adoptar un nuevo modelo económico.

La economía circular plantea un enfoque completamente distinto, ofreciendo un marco de soluciones sistémicas para el desarrollo económico que aborda profundamente la causa de retos mundiales tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el incremento de residuos y de contaminación, al tiempo que revela grandes oportunidades de crecimiento. Impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales renovables, la economía circular revoluciona la forma en que diseñamos, producimos y consumimos. El modelo se basa en tres principios: eliminar residuos y contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales.

Alineado con estas premisas, y al amparo del Plan de acción de la UE para la economía circular de 2015, el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 ha permitido avanzar en nuestra región en materia de prevención, gestión y tratamiento de todo tipo de residuos.

La finalización de su periodo de vigencia y el nuevo marco normativo en materia de residuos, asociado a la modificación de la Directiva Marco de Residuos (DMR) -a través de la Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo-, y a la aprobación de otras Directivas en materia de residuos, hacen necesario acometer la redacción de un nuevo instrumento de planificación en materia de residuos en el ámbito autonómico.

Con la elaboración de este Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030 se pretende adaptar la planificación regional en materia de residuos a las exigencias normativas actuales, tanto en materia de prevención de la generación de residuos, como en materia de gestión de residuos, intentando a su vez dar respuesta a las cada vez más demandadas soluciones ambientales.

Partiendo de un análisis exhaustivo y crítico de la situación regional en materia de residuos, con este nuevo Plan se quiere poner énfasis en las políticas de prevención, pero sobre todo en las de gestión de residuos, suprimiendo de forma progresiva y contundente la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero y priorizando otras formas de valorización que redunden en el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos que generamos.

La reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, recoge en su artículo 12.4, relativo a las competencias de las comunidades autónomas, la obligación de aprobar programas autonómicos de prevención de residuos y planes autonómicos de gestión de residuos. El contenido de estos programas y planes se desarrolla en los artículos 14 y 15 de dicha Ley, estableciendo la posibilidad de integrar los programas de prevención de residuos en los planes sobre gestión de residuos, siempre y cuando las medidas de prevención y su calendario de aplicación se distingan claramente.

El decreto consta de un artículo único, por el que se aprueba el Plan de Prevención y gestión de residuos de Castilla-La Mancha 2030, y una disposición derogatoria única, una disposición final única y un anejo.

El decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Respecto a los principios de necesidad y eficacia, han quedado justificadas las razones de interés general que han motivado esta iniciativa normativa, se han identificado de forma clara los fines perseguidos, y las razones por las que se ha considerado que esta iniciativa normativa es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

En cuanto a los principios de proporcionalidad y eficiencia, la norma contiene la regulación que se considera imprescindible para la consecución de los objetivos planteados, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a las personas destinatarias, no suponiendo la imposición de ninguna carga administrativa innecesaria o accesoria para éstas.

También se ha tenido en cuenta el principio de seguridad jurídica, con el objetivo de lograr un texto claro, integrado con el resto de las normas del ordenamiento, así como el principio de transparencia para posibilitar el acceso de las y los potenciales destinatarios a los documentos propios de su proceso de elaboración, y su participación activa en dicho proceso.

Asimismo, se han realizado los trámites concernientes a la consulta pública previa, al proceso de participación pública, y los subsiguientes de información pública y audiencia a las personas interesadas en el expediente, habiéndose sometido a la consideración del Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, en su sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2023. Asimismo, se ha sometido a consideración del Consejo de Diálogo Social y del Consejo Regional de Municipios.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Sostenible, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de julio,

Dispongo:

Artículo único. Aprobación del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.

Se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla La Mancha 2030, que se incluye como anexo 1 a este decreto, así como la declaración ambiental estratégica del mismo. (Expediente PLA-SC-22-0477).

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor del presente decreto, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango, en cuanto se opongan a lo establecido en este decreto, y en particular el Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 2 de julio de 2024

El Vicepresidente Primero

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

La Consejera de Desarrollo Sostenible

Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ