Turismo comienza a estudiar los 56 escritos de alegaciones presentados al Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en Cantabria

La consejera, Eva Guillermina Fernández, muestra la "voluntad" de su departamento por "cumplir con su parte" pero asegura que la problemática afecta también a administraciones locales y estatales "que deberán asumir sus responsabilidades"

Santander- 26.07.2024

La consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha comenzado a estudiar y contestar los 56 escritos de alegaciones, recibidos hasta el día de hoy, presentados al Proyecto de Decreto por el que se regularán las viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria.

Así lo ha informado hoy en rueda de prensa la titular de este departamento, Eva Guillermina Fernández, quien ha explicado que desde que finalizara el plazo de presentación de estos escritos, el pasado 22 de julio, se han recibido en la Dirección General de Turismo y Hostelería 4 escritos pertenecen a entidades locales, 9 a asociaciones, 6 a entidades políticas, 4 a empresas del sector, 32 a particulares y uno al Colegio Oficial de Arquitectos.

Según ha destacado Fernández Ortiz, su departamento ha comenzado ya "un trabajo realmente laborioso" como es el de estudiar y analizar todas las alegaciones para "incorporar aquellas propuestas que, siendo legalmente viables, sirvan para dar mayor seguridad jurídica al ejercicio de la vivienda de uso turístico".

Tras este proceso, Turismo volverá a reunirse con el sector para "buscar el máximo consenso" del documento. Sobre posibles plazos para finalizar este proceso, la consejera ha afirmado que "no se puede precisar una fecha concreta" ya que el texto deberá después ser enviado a otras consejerías, servicios jurídicos del Gobierno, así como al Consejo de Estado, para proceder después a su aprobación.  

Durante su intervención, la titular de Turismo ha mostrado "la voluntad" de su departamento por "cumplir con su parte", en relación a las competencias que tiene asignadas la Comunidad en este tema, y ha recordado que "esta problemática" afecta también a administraciones locales y estatales "que deberán asumir sus responsabilidades". 

Sobre este asunto, Fernández Ortiz, ha insistido en que la Consejería de Turismo "tiene solo competencias turísticas" y por ello puede establecer los requisitos necesarios para que en la vivienda se preste el servicio turístico de alojamiento, "pero poco más", ha afirmado.

Planteamientos de imposible aplicación

No obstante, la consejera ha avanzado que "también se han hecho planteamientos que son de imposible aplicación, en algunos casos tratando de manipular a la opinión pública sobre lo que se puede o no se puede hacer en el marco de las competencias de Turismo".

En este sentido la consejera se ha referido a varias ideas como la que defiende la limitación a 60 días de la actividad de VUT. "Esta es una medida inoperante", ha resaltado la consejera argumentando que no resulta posible controlar o acceder a estos datos que tienen las plataformas o la Agencia Tributaria y que "no están obligados a facilitar".

También se ha mostrado tajante sobre la idea de limitar el número de viviendas por titular o de excluir a las personas jurídicas. "Esta idea chocaría con la Directiva Europea de Servicios, así como con la doctrina del Consejo de Estado, que ya nos llamó la atención sobre el decreto vigente", ha apostillado Fernández Ortiz, quien ha añadido que limitar el número de viviendas sería un límite al derecho de propiedad privada no admisible en derecho y al libre ejercicio de la actividad de servicios.

La consejera, que ha estado acompañada de la subdirectora general de Turismo, Elena Sedes, ha asegurado que algunas de las cuestiones planteadas en las alegaciones ya están previstas en la regulación actual y se mantienen en el borrador de decreto. Como ejemplo, Fernández Ortiz se ha referido a cuestiones como que las viviendas en régimen de protección pública no pueden explotarse como vivienda turística, que los estatutos de la comunidad de vecinos no pueden prohibir las VUT, o que el titular de estos inmuebles de uso turístico tiene la obligación de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, que dé cobertura a los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad.

56 escritos de alegaciones

A día de hoy, y tras finalizar el pasado 22 de julio el plazo para presentar escritos de alegaciones al borrador, se han recibido en la Dirección General de Turismo y Hostelería 56 escritos de alegaciones.

De ellos, cuatro pertenecen a los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Santa Cruz de Bezana y Riotuerto. Otros nueve han sido elaborados por diferentes asociaciones: Asociación Empresarial de Hostelería, Asociación de Viviendas de Uso Turístico, Asociación Española de Plataformas Digitales, Unión de Consumidores de Cantabria, AA.VV. Cañadío-Pombo-Ensanche, Asociación Ecologistas en Acción, Asociación Turismo Rural, Plataforma Afectados por la Hipoteca y Asociación de Alojamientos de Corta Estancia.

En lo que se refiere a entidades políticas, Castroverde Alternativa Verde de Castro Urdiales, Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda Unida Cantabria y Podemos Cantabria han presentado también escritos.

Otras cuatro empresas de gestión de viviendas de uso turístico han presentado sus correspondientes escritos: Cantabria Host Gestión Viviendas Vacaciones, Vacare Cantabria, S.L., Checkin Cantabria, S.L. y R2R Consulting Inmobiliario S.L..

Por último, 32 particulares y el Colegio Oficial de Arquitectos han enviado también escritos de alegaciones al Proyecto de Decreto.

Todos ellos serán publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, junto al resto de información del proceso.