Cantabria recibe 27 millones para la atención a la dependencia y los programas de protección a la familia y pobreza infantil
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La consejera Eugenia Gómez de Diego participa en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha aprobado hoy la distribución de fondos para la financiación durante 2023 de distintos programas por un total de 26.827.020 euros.
En concreto, se han aprobado 23,3 millones para el programa 'Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia', y 3,5 millones para los programas de protección a la familia y atención a la pobreza infantil y del Plan de Desarrollo Gitano.
Cantabria recibe cerca del 3% del presupuesto total para estos programas gracias al correcto cumplimiento de los objetivos relativos a reducción de la lista de espera, mejora de las condiciones de las personas trabajadoras del sistema, mejora de la calidad de los servicios, o el indicador de agilidad administrativa, entre otros.
Además, el Consejo Territorial ha aprobado el documento por el que se definen y establecen las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal en el sistema de autonomía y atención a la dependencia, para definir y establecer un marco común en todo el país, y el documento de recomendaciones sobre la protección de las personas mayores y vulnerables ante olas de calor.
Con respecto al primer documento, se ha autorizado la prestación económica de asistencia personal para garantizar la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados.
Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.
Para tener acceso a este asistente, la persona debe tener una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, tener doce años o más y necesitar de apoyos para desarrollar un proyecto de vida que permita su participación plena en los ámbitos educativo, laboral, de ocio y/o participación social o cualquier otro ámbito previsto en dicho proyecto.
