Fernández Viaña apela a la responsabilidad para poner fin a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia
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La consejera pide al Ministerio y al comité de huelga que cierren un acuerdo en la reunión de mañana ante el "grave daño" provocado al servicio público
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha pedido al Ministerio y al comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia que actúen con "responsabilidad" y hagan "las cesiones necesarias" para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga que empezó el pasado 24 de enero
Fernández Viaña ha señalado que las dos partes "están obligadas a entenderse" mañana, durante la reunión que celebrarán para abordar el conflicto, y les ha emplazado a flexibilizar las posturas ante el "grave daño" que está provocando en un servicio público esencial para la ciudadanía.
En este sentido, ha apuntado que, al margen de los servicios mínimos, en Cantabria se han suspendido ya 1.250 actuaciones judiciales, en las que era necesaria la intervención de un letrado de la Administración de Justicia, un personal dependiente del Ministerio.
Igualmente, se han dejado de tramitar hasta el momento más de 700 escritos de inicio de demanda y están pendientes de gestionar más de 5.000 en los juzgados y tribunales.
"El proceso de recuperación en la Administración de Justicia tras este conflicto va a obligar a un esfuerzo importante por todos los colectivos judiciales, estamos obligados a entendernos, por lo que debemos de resolver ya este conflicto y comenzar a recuperar la actividad ordinaria de la justicia, indispensable para garantizar los derechos e intereses de la ciudadanía", ha señalado hoy la consejera.
Para promover soluciones y recuperar "cuanto antes" la actividad judicial ordinaria, la consejera de Justicia ha informado que Cantabria ha solicitado ya, junto a otras comunidades autónomas competentes en materia de justicia, debatir en la próxima Conferencia Sectorial con el Ministerio la situación de la Administración judicial tras este conflicto laboral, con el fin de aplicar los mecanismos e instrumentos necesarios para reactivar la Administración judicial y "desatascar" los asuntos pendientes.
