Canarias alerta a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo

El Gobierno autonómico expone en la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife que la llegada de menores migrantes se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, pasando de 587 en 2019 a 7.398 en 2023. El Ejecutivo pide a todas las autonomías que se sumen a la reforma de la Ley de Extranjería y recoge sus aportaciones a la propuesta consensuada entre las islas y el Estado

 

El Gobierno de Canarias alerta a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus costas. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, explicó en su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Tenerife y en la que han participado las comunidades autónomas, el incremento exponencial de llegadas que se ha producido desde 2019 y que ha saturado el sistema autonómico de acogida.

"En 2019 año llegaron a las islas 587 niños y niñas y en 2023 esa cifra ascendió hasta los 7.398. Es más que evidente que ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a la atención de estos menores en solitario. Las competencias en materia de Infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta. Por ello, pedimos a las comunidades autónomas unidad para afrontar esta situación como país del primer mundo que es consciente de que el fenómeno migratorio es una realidad con la que tenemos que convivir", precisó.

En la misma línea se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado: "Hoy es Canarias la puerta de entrada para miles de niños, niñas y adolescentes, pero mañana puede ser otra comunidad autónoma. Tenemos que trabajar unidas para darles la mejor atención a estos menores, siempre en colaboración con Europa. Si no lo hacemos, estaremos fallándoles a ellos, pero también a nosotros mismos y a los valores europeos. Por ello, es prioritario que el texto de reforma de la Ley de Extranjería que ha trabajado el Gobierno canario con el Estado se tramite como real decreto ley y que, una vez llegue a las Cortes, continúe su proceso, momento en el que podrían ser añadidos los matices o apreciaciones de los distintos grupos parlamentarios".

La Conferencia Sectorial, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, fue convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia y contó con la participación del Gobierno de Canarias y representantes del área de Infancia y Juventud de las distintas comunidades autónomas. El Ejecutivo canario había solicitado al Ministerio que se celebrara en el archipiélago para que los responsables autonómicos de Infancia pudieran conocer en detalle la propuesta de reforma legislativa y, al mismo tiempo, la realidad de estos menores. Para ello, de manera previa a la celebración de la Conferencia Sectorial se llevó a cabo una visita a uno de los centros que se encuentran abiertos en las islas para atender a estos niños, niñas y adolescentes.

 

El primer punto del orden del día de la Conferencia Sectorial consistió en la exposición de la propuesta consensuada entre el Gobierno de Canarias y el Estado para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En ese punto, las comunidades hicieron sus apreciaciones de cara a que sean tenidas en cuenta cuando se tramite en el Congreso de los Diputados. Canarias cuenta en estos momentos con unos 5.500 menores migrantes tutelados, una cifra inferior a la de llegadas por las mayorías de edad cumplidas o decretadas a migrantes que inicialmente se declararon como menores y eran adultos. La propuesta que se ha acordado con el Ministerio es que el archipiélago acoja a un máximo de 3.000 y el resto sean derivados a otras comunidades autónomas.

Desde que empezó la legislatura, Canarias ha abierto 50 centros nuevos para atender a menores migrantes, lo que ha supuesto que se haya pasado de 30 a 80 dispositivos.

En segundo lugar, se acordó el reparto de menores migrantes no acompañados por el territorio español correspondiente a 2024, así como la distribución del crédito destinado a las comunidades autónomas y a la Ciudad de Ceuta, a excepción del País Vasco y Navarra, para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 20 millones de euros. Desde 2021 las comunidades autónomas han acordado en diferentes conferencias sectoriales la derivación de menores migrantes que están bajo tutela del Gobierno canario a otras comunidades autónomas.

El acuerdo alcanzado contempla el traslado de un total de 400 personas migrantes menores (300 menores tutelados por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y 100 menores tutelados por la ciudad autónoma de Ceuta).

"Valoramos el acuerdo alcanzado, pero hay que recordar que la presión para Canarias, con más de 5.500 menores acogidos en una red de 80 dispositivos de emergencia, sigue siendo insostenible", afirmó Delgado. "Seguimos sin encontrar recursos ni inmuebles en los que poder ubicar a estos chicos con las garantías de seguridad y salubridad que se merecen. Estamos hablando de menores y, por tanto, son sujetos de protección, y nosotros, como administración, estamos obligados a velar por su bien superior por encima de otras consideraciones. Por ello, seguimos reivindicando la reforma de la Ley de Extranjería, que es la forma de que la corresponsabilidad se instaure por ley. De esta manera, en Canarias quedarían siempre un máximo de 3.000 menores migrantes no acompañados y el resto serían derivados a otros territorios".

Delgado insistió en que las dificultades para encontrar instalaciones en las que brindar una acogida digna a estos chicos y chicas es muy preocupante ya, pero más aún si se tienen en cuenta las previsiones futuras. "Se estima que la llegada de niños y niñas hasta las costas canarias en pateras y cayucos en los próximos meses pueda ser de 11.000 menores más. Estamos en una situación absolutamente crítica".

El traslado y distribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas españolas cuenta con el apoyo de los grupos políticos del Parlamento canario -excepto de Vox-, de la Federación Canaria de Islas, de la Federación Canaria de Municipios y de las entidades dedicadas a la atención de la infancia.

 

 

 

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