El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, 29 de enero, el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta la actividad de la Asociación.
El expediente ha sido instruido por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.1 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
En él se ha valorado que el ámbito de acción de la Sociedad para el Desarrollo Económico y Social Rayuela, inscrita desde abril de 2010, abarca el territorio de la comunidad Autónoma de Canarias y tiene por objeto y finalidad realizar actuaciones que promuevan la integración social, cultural y laboral de colectivos en situación de exclusión social, coordinando acciones que puedan dar una respuesta integral a dichos colectivos. En este sentido, se recoge que "promoverá actuaciones en el ámbito municipal, comarcal, insular, autonómico, etc., que impulsen un modelo de desarrollo más social con una mejor redistribución de la riqueza, así como fomentará el cumplimiento del principio de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, entre otros objetivos, "sensibilizará a la sociedad sobre la realidad y las necesidades de las personas LGTBI+".
Asimismo, entre las circunstancias requeridas para la declaración de interés público, se ha constatado que su actividad no está restringida a favorecer a sus asociados exclusivamente y que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hacen con cargo a fondos subvenciones públicas, así como que disponen de medios materiales y personales adecuados para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos.
