Secretaría General.- Resolución de 10 de junio de 2024, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se acuerda encomendar la elaboración de una Estrategia para la implantación de un Sistema de integridad institucional.

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2024, el Acuerdo por el que se acuerda encomendar la elaboración de una Estrategia para la implantación de un Sistema de integridad institucional, y de conformidad con el apartado décimo del citado Acuerdo,

RESUELVO:

Disponer la publicación del Acuerdo por el que se acuerda encomendar la elaboración de una Estrategia para la implantación de un Sistema de integridad institucional, que figura como anexo.

Canarias, a 10 de junio de 2024.- El Secretario General, p.s. (Decreto 65/2024, de 27 de mayo, del Presidente), Puesto Singularizado, Unidad de Apoyo a la Secretaría General, María Luisa Risueño Díaz.

ANEXO

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

7.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE ACUERDA ENCOMENDAR LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD).

Las distintas crisis económicas a las que nos hemos tenido que enfrentar en las últimas décadas, unido a los casos de corrupción empresarial, institucional y política que han ido saliendo a la luz, han ido generado una falta de confianza y distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones públicas y el descrédito de las personas responsables de su gestión.

Tal y como mantiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las Recomendaciones sobre Integridad Pública, adoptadas por su Consejo en 2017, la corrupción es una de las cuestiones más corrosivas de nuestro tiempo. Malgasta los recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y disminuye la confianza en las instituciones. La corrupción perpetúa la desigualdad y la pobreza, afectando el bienestar y la distribución del ingreso, y socavando las oportunidades de participar equitativamente en la vida social, económica y política.

La OCDE ha encontrado una respuesta estratégica y sostenible a la corrupción en la integridad pública. La integridad es uno de los pilares clave de las estructuras políticas, económicas y sociales y, por lo tanto, esencial para el bienestar económico y social y la prosperidad de las personas y las sociedades en general.

Para la OCDE la integridad es esencial para construir instituciones sólidas y asegurar a la ciudadanía que el gobierno está trabajando en su interés, no solo para unas pocas personas. La integridad no es solo una cuestión moral, también se trata de hacer las economías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Se trata de restablecer la confianza, no solo confiar en el gobierno, sino confiar en las instituciones públicas, los reguladores, los bancos y las empresas.

La OCDE define la integridad pública del siguiente modo: "La integridad pública se refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público".

La confianza de la ciudadanía en sus instituciones se ha convertido en un valor público sobre el que debe asentarse la legitimidad institucional.

Para enfrentar de forma efectiva la corrupción, entre otros aspectos, es necesario situar a las personas servidoras públicas en el centro de la solución y enfocar de manera conjunta las causas del problema. Por tanto, la especial posición de las personas servidoras públicas, así como su dependencia de una institución pública, conlleva por parte de la persona que accede al ejercicio de funciones públicas el compromiso de asumir una serie de valores, principios y normas de conducta. Por ello, solo desde la construcción de una nueva cultura de la gestión pública y de relación con lo público basada en la integridad, se podrá hacer frente y erradicar de forma eficaz las prácticas corruptas, desterrándolas en la mayor medida posible de nuestras instituciones y, por tanto, de nuestra sociedad. Principios como los de buena fe, confianza legítima, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos avanzan, sin duda, por este camino.

El Gobierno de Canarias no ha sido ajeno a estos problemas y los ha intentado abordar en las distintas estrategias que en materia de modernización y mejora de los servicios públicos se han ido adoptando en las últimas legislaturas, si bien sus esfuerzos solo se han materializado finalmente en la aprobación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y, más recientemente, en la aprobación del Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre los antecedentes de acciones/medidas que se han ido impulsando por el Gobierno de Canarias relacionadas con la integridad institucional, se encuentran la elaboración de borradores de Códigos de Ética Pública y Buen Gobierno y de Buenas Prácticas y el Anteproyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno, que no llegaron a aprobarse.

Es importante hacer referencia a la aprobación del Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y más en concreto a su modificación operada por el Decreto 65/2019, de 6 de mayo, por el que se establece el modelo de referencia para la coordinación, asistencia y transmisión del conocimiento de la actividad administrativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes, en cuanto supuso la inclusión del Gobierno Abierto entre las Líneas de Actuación del Marco para la Innovación y Mejora, a través de la cual los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Decreto desarrollarán las medidas, acciones y proyectos que tengan como finalidad el impulso y consecución de un gobierno abierto basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación y colaboración de la ciudadanía, como vía para mejorar la calidad democrática y garantizar el derecho a una buena administración.

Entre los objetivos de esta Línea de Actuación se encuentra el de fortalecer la integridad pública, mediante la adopción y la integración en el funcionamiento operativo de la organización de códigos éticos, de buen gobierno y de buenas prácticas, así como el establecimiento de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas de los servidores públicos.

Más recientemente la necesidad de impulsar la implantación de un Sistema de integridad institucional se ve ratificada tras la presentación, el 2 de diciembre de 2021, de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 2030). Este marco estratégico compartido por el conjunto de los actores territoriales de Canarias en pro del desarrollo sostenible establece, en línea con la Agenda 2030 de la ONU (Resolución A/RES/70/1, de 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) dentro de su dimensión Gobernanza Pública, el Reto Región 8: afrontar las debilidades de nuestro marco institucional y las ineficiencias de diseño y funcionamiento de la Administración pública. Este reto incorpora la Política Aceleradora 8: transformar nuestra Administración pública, para hacerla más sencilla y eficiente, orientada al servicio de la sociedad canaria, y promover un marco institucional sólido, inclusivo, eficiente y eficaz que vele por el interés general y el desarrollo sostenible. Política Aceleradora que, a su vez, incluye, entre sus actuaciones prioritarias, las siguientes:

• Prioridad de Actuación 8.2: Gobierno abierto: datos abiertos, transparencia, participación, integridad y rendición de cuentas.

• Prioridad de Actuación 8.5: Transformación de las Administraciones Públicas.

• Prioridad de Actuación 8.11: Lucha contra la corrupción, la evasión y el fraude fiscal, y la economía sumergida.

• Prioridad de Actuación 8.12: Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta.

Asimismo, y alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas", que tiene como objetivo promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, incorpora como metas específicas de Canarias, a partir de las metas globales fijadas por la ONU, las siguientes:

• Meta Global 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

- Meta Canaria 16.5.1. Reducir la corrupción en todas sus formas en Canarias.

• Meta Global 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

- Meta Canaria 16.6.1. Crear en todas las instituciones de Canarias procedimientos eficaces y transparentes que propicien la información en la rendición de cuentas.

• Meta Global 16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

- Meta Canaria 16.7.1. Garantizar en todos los niveles de las Administraciones Públicas de Canarias la adopción de decisiones inclusivas, participativas, representativas y transparentes.

El actual Gobierno de Canarias se ha planteado como misión mejorar la calidad de vida y la modernización de Canarias, situando a sus ciudadanos y ciudadanas en el centro del sistema público y de la actividad administrativa. Para ello sus esfuerzos están dirigidos a llevar a cabo una gestión eficiente, íntegra y responsable, comprometida con los principios del Gobierno Abierto como medios eficaces en la lucha contra la corrupción.

Entre las medidas de lucha contra la corrupción se encuentra el presente Acuerdo de encomendar la elaboración de una Estrategia para la implantación de un Sistema de integridad institucional en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta de la Comisión Superior de Administración Pública adoptada en su sesión del día 29 de abril de 2024.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 4 de junio de 2024.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta de la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acuerda:

Primero.- Elaboración de una Estrategia para la implantación de un Sistema de integridad institucional.

Encomendar a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad la elaboración de una Estrategia para la implantación de un Sistema de integridad institucional en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como marco de trabajo dirigido a establecer un conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos diseñados para promover la transparencia, la ética, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción en la Administración Autonómica.

El Sistema de integridad institucional tendrá por finalidad crear una cultura organizacional basada en la integridad, la ética, la transparencia y la responsabilidad, promoviendo y contribuyendo, así, a fortalecer la confianza en nuestra institución tanto interna como externamente.

Segundo.- Elementos del Sistema de integridad institucional.

El Sistema de integridad institucional que resulte de la Estrategia deberá incorporar todos los elementos que permitan consolidar un sistema coherente, sólido y completo de integridad en la Administración Pública canaria y en el desempeño de la función pública. Como mínimo contemplará los siguientes elementos:

a) Políticas y normativas: definición de los principios y valores fundamentales que deben seguir las personas de nuestra organización, así como de las reglas y directrices específicas que regulen el comportamiento y las acciones de su personal. Establecimiento de canales seguros y confidenciales para informar sobre conductas inapropiadas o incumplimientos éticos.

b) Capacitación y concienciación: definición de las medidas/acciones dirigidas a la educación continua sobre ética, cumplimiento normativo y valores de la organización para todo su personal, así como de las actividades para promover la importancia de la integridad y la ética en el entorno laboral.

c) Supervisión y control: definición de los procedimientos de evaluación para verificar el cumplimiento de las políticas y normativas y de las herramientas para detectar y prevenir conductas indebidas (auditorías internas y monitoreo continuo).

d) Gestión de riesgo: definición de los procedimientos para la identificación y gestión proactiva de situaciones que podrían comprometer la integridad de la organización, así como la identificación y manejo de situaciones en las que los intereses personales pudieran entrar en conflicto con los de la organización (evaluación de riesgos éticos y análisis de conflictos de interés).

e) Apertura y relaciones externas: definición de mecanismos de colaboración con otras entidades externas, ya sean públicas o privadas, así como con los grupos de interés de la sociedad canaria, para fortalecer la integridad institucional.

f) Adaptación y mejora continua: definición de los procesos de evaluación y actualización del sistema de integridad para adaptarlo a los cambios internos y externos, así como para mejorar su eficacia, según las necesidades cambiantes de nuestra organización y los riesgos emergentes.

Tercero.- Proceso de elaboración de la Estrategia.

1. Bajo la supervisión de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia, corresponde a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos la dirección y coordinación del proceso de elaboración de la Estrategia.

2. Las Direcciones Generales de Transparencia y Participación Ciudadana; de la Función Pública; de Planificación y Presupuesto; de Patrimonio y Contratación, así como la Intervención General, el Instituto Canario de Administración Pública y el Instituto Canario de Igualdad, dentro de sus correspondientes áreas materiales de competencia, deberán colaborar y participar de forma activa con la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos en la consecución de los objetivos del presente Acuerdo.

3. La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos será asistida por el grupo de trabajo de integridad institucional de la Comisión Superior de Administración Pública.

4. En el proceso de elaboración de la Estrategia se dará cuenta a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Empleados Públicos.

5. La propuesta de Estrategia será sometida a información pública.

Cuarto.- Comisión Superior de Administración Pública.

La Comisión Superior de Administración Pública será la encargada de asegurar que todos los órganos implicados en la elaboración de la Estrategia estén comprometidos e identificados con los objetivos perseguidos. Será la responsable del impulso y seguimiento del proceso de elaboración de la Estrategia.

Quinto.- Departamentos del Gobierno de Canarias.

Todos los Departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos (organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes) deberán participar e implicarse de forma activa en la consecución de los objetivos perseguidos con el presente Acuerdo, siendo las personas titulares de los mismos las responsables de la efectiva implicación y colaboración de todos los centros directivos y organismos públicos en el proceso de elaboración de la Estrategia.

Sexto.- Declaración de interés prioritario.

Declarar de interés prioritario para el Gobierno de Canarias el Sistema de integridad institucional que emane del presente Acuerdo. En cualquier caso, su implantación estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

Séptimo.- Alineación estratégica.

Cualquier acción, proyecto, medida o iniciativa que se pretenda llevar a cabo por los Departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos (organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes), en el marco de los objetivos de este Acuerdo, deberán alinearse y, en su caso, incorporarse a la ejecución de las medidas que resulten del presente Acuerdo.

Octavo.- Facultades de desarrollo y ejecución.

Facultar a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para adoptar cuantos actos, medidas y acciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

Noveno.- Calendario.

Se faculta a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos para establecer un calendario inicial para la elaboración de la Estrategia, del que se dará cuenta a la Comisión Superior de Administración Pública.

Décimo.- Publicidad.

Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.