La Conselleria de Educación y Universidades rechaza el plan de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario
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La Conselleria de Educación y Universidades rechaza el plan de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encabezado por la ministra Diana Morant, para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Así lo manifestó el director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, en el decurso de la Comisión de trabajo para la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se celebró ayer jueves.
El director general Sebastià Massanet lamenta que el borrador del ministerio se reducía a una propuesta de financiación para la incorporación de 4.200 nuevos profesores ayudantes doctores al sistema universitario público español para compensar la pérdida de horas de docencia de la figura del profesor asociado que contempla la LOSU. El ministerio proponía financiar solo una de cada tres plazas durante 6 años, dejando a las comunidades autónomas la financiación de las plazas restantes y el coste estructural a perpetuidad de la totalidad de las plazas.
El director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, propuso que el ministerio asuma toda la responsabilidad financiera del coste de aplicación de la LOSU así como marca la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que obliga el Estado a asumir los gastos derivados de una normativa estatal que afecte a competencias transferidas en las comunidades autónomas. Por otro lado, Sebastià Massanet reclamó que las acciones dirigidas a compensar la pérdida de horas de docencia por la aplicación de la LOSU también tenían que contemplar la limitación de la dedicación máxima docente del profesorado funcionario que marca la LOSU, hecho que supone para la Universitat de les Illes Balears el triple de necesidad de nuevas plazas en comparación a la medida contemplada por el ministerio.
Desde la Conselleria de Educación y Universidades se señala que la propuesta presentada por el ministerio no contemplaba otros gastos derivados de la implantación de la LOSU y que ascienden, según un informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), además de 844 millones de euros. Tampoco se trató la financiación derivada del artículo 55.2 de la LOSU que indica que en 2030 se tiene que destinar un mínimo del 1% del PIB del conjunto del Estado a la educación universitaria pública.
En la reunión, se decidió, con el apoyo del ministerio y de las comunidades autónomas, proponer una modificación normativa que amplía 3 años y medio el plazo para adaptar los contratos ya existentes de profesores ayudantes doctores y asociados y 1 año el plazo para que las universidades adapten sus estatutos a la LOSU.
Finalmente, la Conselleria de Educación y Universidades quiere transmitir la necesidad que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asuma una posición más responsable de negociación para solucionar los problemas derivados de la implantación de una ley universitaria, que se aprobó sin consenso y sin una memoria económica completa que asegurara la financiación de las medidas que se implantaban.
