Prohens defiende en el Comité Europeo de las Regiones un régimen especial por la flexibilización del Reglamento de minimis para las islas del Mediterráneo

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones la necesidad de un régimen específico para las islas de la Unión Europea por la flexibilización en la aplicación del Reglamento de minimis. Lo ha hecho durante su intervención en el debate en cuanto a las cuestiones locales de la Unión Europea, sobre flexibilidad de las normas sobre ayudas estatales para los territorios insulares.

Prohens ha pedido el apoyo de las instituciones europeas para reconocer la singularidad de los territorios insulares y que, de este modo, se permita la exención a la norma general, específicamente en el transporte de mercancías y al elevar el umbral con el objetivo de compensar la insularidad y los sobrecostes derivados de ella para familias y empresas, garantizando la competitividad de estas en el mercado único.

Una cuestión, ha añadido Prohens, que en las Illes Balears ya ha movilizado a agentes económicos, sociales y de la sociedad civil en torno al manifiesto «Uniendo fuerzas para superar las dificultades». «Un documento que ha sido presentado tanto ante mi Govern como ante el Gobierno de España y que reclama la flexibilización de las ayudas de Estado para las islas», ha afirmado. De hecho, en representación de los firmantes de este documento, ha asistido al pleno Jesús Esparza, socio del Cercle d'Economia de Menorca.

Precisamente, la presidenta también ha hecho referencia a la ampliación del límite máximo de las ayudas de minimis. «Aplaudimos esta medida, que supone una oportunidad, aunque continúa siendo insuficiente para atender las necesidades de los territorios insulares», ha dicho.

Durante su intervención, ha recordado que el Parlamento Europeo ya reconoció la insularidad como «una desventaja estructural permanente», haciendo especial mención al caso de archipiélagos como Baleares, con la doble insularidad que sufren las islas de Ibiza y Menorca, y la triple, que sufre Formentera. De hecho, se estima que el sobrecoste de transporte por insularidad se sitúa entre el 74 % y el 100 % respecto del intracontinental, lo que encarece la provisión de materias primas y bienes e imposibilita a las empresas de las islas competir en igualdad de condiciones en el mercado único de la Unión.

«Es el momento de que las instituciones europeas den un paso más y pasen de las palabras a los hechos en el reconocimiento de la singularidad de los territorios insulares de la Unión Europea, como también son Córcega, Cerdeña o la isla maltesa de Gozo, con el proyecto con el que está comprometido como nadie el Govern de les Illes Balears», ha afirmado.