Prohens anuncia la aprobación de un decreto de simplificación administrativa en el primer trimestre del año

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«Es un punto de partida para avanzar hacia la simplificación y la digitalización, y para reducir trámites, burocracia y papeleo», ha asegurado la presidenta tras la primera reunión de la Comisión de Simplificación Administrativa

Esta comisión nace con el compromiso de reducir la burocracia en tres ejes: la simplificación de la normativa, la simplificación de los trámites y la digitalización de los procesos.

 

El Govern aprobará en el primer trimestre de este año un decreto de medidas urgentes de simplificación administrativa. Así lo ha anunciado la presidenta del ejecutivo balear, Margalida Prohens, después de la primera reunión de la Comisión de Simplificación Administrativa, celebrada hoy en el Consolat de Mar.

Este decreto será «sólo un punto de partida para avanzar hacia la simplificación administrativa, para reducir trámites, burocracia y papeleo» y tiene entre sus objetivos fundamentales «identificar y actuar sobre los cuellos de botella a la administración», especialmente los detectados en materia de medio ambiente o recursos hídricos.

Además, el futuro decreto pretende avanzar «hacia la digitalización» y conseguir «que la administración deje de ser un problema y un obstáculo para los ciudadanos y empresas». «Sabemos que es ambicioso, que hará falta valentía, pero los ciudadanos nos votaron por eso, nos votaron por un cambio, y queremos seguir cumpliendo», ha asegurado Prohens, quien ha presidido la primera reunión de la Comisión de Simplificación Administrativa.

Este nuevo ente nace con el compromiso de reducir la burocracia en tres ejes: la simplificación de la normativa, la simplificación de los trámites y la digitalización de los procesos.

Algunas de las principales funciones de la Comisión son, por ejemplo, analizar los procesos y procedimientos de la Administración autonómica, y valorar la eliminación de trámites innecesarios o duplicados; coordinar la elaboración de normas necesarias para simplificar el ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma; coordinarse con las otras instituciones en aquello que afecte los respectivos ámbitos competenciales, particularmente los compartidos en los niveles local, insular y autonómico; y la colaboración con todos los órganos de la Administración autonómica en el ejercicio de las competencias en materia de racionalización, simplificación y reducción de trabas y cargas administrativas.

La Comisión, de carácter transversal, está formada por representantes del Govern, consells insulares y ayuntamientos, estos últimos, a través de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB). Así, la composición será la siguiente:

a)            presidente: el conseller de Economía, Hacienda e innovación, Antoni Costa

b)           vicepresidenta: la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas

c)            vocales permanentes:

—           el secretario autonómico de Innovación y Sociedad Digital, Antoni Carmona

—           el director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell

—           el director general de Simplificación Administrativa, Modernización y Administración Digital, Xisco Cánovas

—           la directora general de Coordinación y Armonización Urbanística, Maria Paz Andrade

—           la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, Antònia Perelló

—           los secretarios y las secretarias generales de las conselleries

d)           Vocales no permanentes:

—           Las personas titulares de las direcciones generales correspondientes, cuando se traten asuntos relativos a las materias de su área competencial.

—           Una persona representando a cada consell insular, designada por cada uno de estos, cuando se traten asuntos relativos a las materias de su área competencial.

—           Dos personas en representación de la FELIB, designadas por esta, cuando se traten asuntos relativos a las materias de su área competencial.

 

Hay que recordar que la creación de la Comisión no supone ningún incremento de gasto, por lo cual no requiere ninguna dotación presupuestaria, y la asistencia a las sesiones no da derecho a indemnización.

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