El edificio adquirido para reubicar personal de la Administración autonómica supondrá un ahorro de 1,5 millones de euros anuales en arrendamientos
Estas imágenes pertenecen a caib.es
La compra, por valor de 20,7 millones de euros, permitirá concentrar 430 trabajadores públicos que se encuentran actualmente dispersos en diferentes inmuebles de alquiler
El vicepresidente Antoni Costa ha destacado que "el objetivo del Govern de les Illes Balears era ahorrar, y esta era una buena oportunidad a un precio de mercado competitivo"
El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, ha visitado este lunes el edificio de la Calle Ter (Polígono de Son Fuster) que se adquirió recientemente por valor de 20,7 millones de euros a Caixabank, SA. Esta compra supondrá un ahorro de 1.509.601,05 € anuales en gasto de arrendamientos, y permitirá reubicar a un total de 430 empleados públicos que actualmente se encuentran dispersos en diferentes inmuebles de alquiler.
El edificio estaba parcialmente alquilado por la Comunidad Autónoma desde el 1 de marzo de 2017, y se había constatado el déficit de espacio en inmuebles de titularidad pública para ubicar al personal que presta los servicios administrativos. "El objetivo era ahorrar, pensamos que era una compra necesaria, y esta era una buena oportunidad a un precio de mercado competitivo", ha afirmado el vicepresidente del Govern después de finalizar la visita a las instalaciones.
Al conseller de Economía, Hacienda e Innovación lo han acompañado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera -425 empleados públicos de esta Conselleria ya prestan servicios en el inmueble, ocupando prácticamente la totalidad de una de las dos torres del edificio-; la directora general del Tesoro, Patrimonio y Política Financiera, Susana Pérez; y el director del Centro de Instituciones de Caixabank en las Illes Balears, Hilari Pérez.
Antes de hacer la compra del inmueble, el gasto anual en alquileres en el municipio de Palma, destinado a usos administrativos, era de 3.777.746,85 €, y el número de empleados públicos que prestan servicios es de 1.323. Esta situación ha hecho necesario plantear medidas que permitan racionalizar el gasto y optimizar espacios para conseguir agilizar la gestión administrativa y mejorar el acceso de la ciudadanía.
