Agricultura, Pesca y Medio Natural informa sobre la Ley Estatal de Bienestar Animal que entra en vigor este viernes
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La Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado hoy en una rueda de prensa las principales medidas de la Ley Estatal de Protección de los Derechos y de Bienestar de los Animales que entra en vigor mañana viernes. La nueva ley 7/2023 del 28 de marzo sólo es de aplicación para los animales de compañía y silvestres en cautividad, y no afecta los animales destinados a la producción (animales de granja), a la experimentación (animales de laboratorio), animales silvestres que no estén en cautividad, así como los perros destinados a la actividad de caza, a la guarda del ganado, perros de rescate, y los perros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
El conseller Joan Simonet, que ha estado acompañado por el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha explicado que «aunque no estamos de acuerdo con muchos de los puntos incluidos, tenemos que velar por su cumplimiento». «Desde la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural hace tiempo que nos preparamos para adaptarnos a los cambios requeridos por esta ley que aprobó el gobierno central y que, en líneas generales, nos supondrá un notable aumento de la carga administrativa, por no hablar de que invade competencias de una forma flagrante y generalizada, como en el caso de la gestión de los registros o la calificación de las sanciones», ha destacado Simonet.
En este sentido, el conseller ha enumerado alguno de los aspectos más polémicos de la ley, como son que se ha redactado desde una perspectiva urbana y no rural - «es de muy difícil aplicación en la realidad del medio rural y el sector primario» - o que se obstina en hiperregular cuestiones del ámbito cotidiano de la gente. «No podemos olvidar tampoco que hay artículos que entran en una contradicción con la protección de la ley de la biodiversidad».
Sin embargo, hay que recordar que esta ley, de obligado cumplimiento, tiene el objetivo de proteger los derechos y el bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, regulando y controlando su tenencia y luchando contra el abandono y el maltrato, a la vez que se promueve la adopción y la tenencia responsable.
Una web para aclarar las dudas
Desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural se ha elaborado una entrada dentro de la web de la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el apartado de Servicio y Bienestar Animal (www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5878466&coduo=1185&lang=can), donde se pueden consultar todos los documentos relativos a esta ley estatal, así como una guía que aborda las cuestiones y respuestas que más dudas han generado, y el calendario de aplicación. En palabras del conseller Joan Simonet «nuestro trabajo ahora es facilitar el cumplimiento de la ley, asesorar a todos los ciudadanos y colectivos y hacer una interpretación razonable y con sentido común de la norma».
En este sentido, el director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha explicado que «el documento de preguntas y respuestas se ha elaborado a partir de las numerosas consultas que hemos recibido durante estos meses en la sección de bienestar animal de la Dirección general. A raíz de estas cuestiones, hemos elaborado este documento para tratar de aclarar todas las dudas generadas. Además, compartimos un documento con los plazos de aplicación de cada uno de los artículos de la ley». «Una de las preguntas que más inquietud genera tiene que ver sobre sí será obligatorio o no la contratación de un seguro de responsabilidad civil; la norma establece que, en caso de tenencia de perros y durante toda la vida del animal, el titular tendrá que contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad por daños a terceros. Lo que parece es que no tendrá validez hasta que no se desarrolle el reglamento definitivo, que puede demorarse seis meses», ha añadido el director general.
La ley establece además una serie de obligaciones a escala administrativa, como son el sistema de control de registros, así como la elaboración de un plan estatal y autonómico de protección animal, entre otros.
