CONSELL DE GOVERN: APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO SANCIONADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

El desarrollo de la normativa ha contado con las aportaciones de todas las consejerías del Gobierno

Por primera vez, se establecen criterios de protección de la presunción de inocencia y de la confidencialidad

El Consell de Govern, reunido hoy en la primera sesión ordinaria del año 2024, ha aprobado por el Decreto 1/2024, de 5 de enero, el nuevo Reglamento sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que viene a sustituir la norma de 1994 y que entrará en vigor un mes después de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

El nuevo Reglamento aprobado hoy ve la luz tres años y medio después de haberse iniciado un intenso proceso de participación, en el que han colaborado todos los servicios jurídicos de las consejerías del Govern de les Illes Balears y en el que también ha habido sugerencias de los consejos insulares y de otras corporaciones locales. Asimismo, viene exigido por el imperativo de actualizar el ordenamiento jurídico balear con las más recientes previsiones del legislador y las aportaciones de la jurisprudencia en materia de procedimiento sancionador.

El marco de aplicación del nuevo Reglamento será en aquellas materias en que la Comunidad Autónoma dispone de competencias de regulación —salvo los procedimientos sancionadores de carácter tributario u otras materias que dispongan de procedimientos propios. También será de aplicación a los consejos insulares y ayuntamientos, respetando su autonomía y competencias de autoorganización.

Una de las principales novedades del nuevo Reglamento consiste en el establecimiento de criterios de protección de la presunción de inocencia y de confidencialidad, con todas las garantías necesarias. También destaca el hecho de incluir los derechos de las personas presuntamente responsables como eje vertebrador de todo el procedimiento y, por primera vez, establece explícitamente la distinción entre «presuntamente responsable» y «otras personas interesadas en la resolución del procedimiento». Es igualmente importante el hecho de que el acceso al expediente no tendrá limitaciones para la persona presuntamente responsable, pero sí que podrá tener para el resto de personas interesadas.

Además, y también por primera vez, se establece, en cuanto a protección de los derechos de los presuntos responsables, la regulación de la preferencia lingüística con relación a las notificaciones durante todo el procedimiento.

En cuanto a las denuncias, estas tendrán que expresar la identidad de la persona que presenta la denuncia y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración, con indicación del momento en que se hayan producido y, cuando esto sea posible, la identificación de los presuntos responsables. En este sentido, no se podrá dar curso a las denuncias notoriamente infundadas y anónimas, si bien el órgano competente podrá ordenar la realización de actuaciones previas si se aprecian elementos de juicio suficientes.

En cuanto al pago de las sanciones, es destacable que, por primera vez, se prevé la reducción de la sanción pecuniaria cuando se reconoce la responsabilidad por parte de la persona imputada.

Con relación al anterior régimen del procedimiento sancionador, también hay que destacar la garantía de la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de las funciones instructoras, la necesaria motivación y justificación en la toma de medidas provisionales, la detallada obligación de contenidos y la transparencia en la información dirigida a la persona responsable, la posibilidad de solicitar en fase de audiencia una comparecencia en los supuestos de infracciones graves o muy graves, y la supresión de vacíos o dudas provocados por la legislación básica.