CONSELL DE GOVERN: AUTORIZAN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN CENTROS EXTRAHOSPITALARIOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE MANACOR
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Este contrato tiene un valor estimado de 3,5 millones de euros
El contrato será de 36 meses, con la posibilidad de una prórroga de 24 meses más
El Consell de Govern autoriza al director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares a contratar el servicio de hemodiálisis en centros extrahospitalarios para los pacientes derivados del Hospital de Manacor, por un valor estimado de 3.574.089 euros. Este contrato tendrá 36 meses de duración, con la posibilidad de prórroga por un plazo de 24 meses más.
Dado que este servicio forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, los centros que dependen del Servicio de Salud de las Islas Baleares lo tienen que satisfacer, y debido a que todavía no han acabado las obras para ampliar la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de Manacor, hay que contratar el servicio de hemodiálisis para los pacientes con insuficiencia renal del sector sanitario de Levante.
En los pacientes con insuficiencia renal crónica, la función renal se va haciendo cada vez más lenta, el riñón se lesiona gradualmente y se desencadena la incapacidad de este órgano para hacer su función. Para paliar esta situación, hay tratamientos específicos de sustitución de la función renal, como el tratamiento de hemodiálisis, que puede ser prestado en el ámbito extrahospitalario, siempre que concurran determinadas circunstancias y requisitos.
Los centros especializados son una alternativa para llevar a cabo la hemodiálisis y cuentan con la tecnología y la infraestructura adecuadas para prestar este servicio. Además, tienen la ventaja de no transmitir infecciones hospitalarias.
El Govern de las Islas Baleares tiene que garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario público ejerciendo las diferentes facultades que las leyes específicas le atribuyen, aplicando sus recursos y medios organizativos, emprendiendo acciones encaminadas a satisfacer el derecho de protección de la salud y distribuyendo óptimamente los recursos de que dispone para financiar las prestaciones y los servicios sanitarios.
