El Gobierno de Asturias refuerza con 60 millones las ayudas para mejorar la eficiencia energética de pymes y grandes empresas industriales
Estas imágenes pertenecen a asturias.es
• El Principado destina 3,3 millones a los ayuntamientos para combatir la brecha digital y formar a la ciudadanía en el uso de las nuevas tecnologías • Las obras de rehabilitación de la fachada del Colegio Público Ventura de la Paz, de Soto del Barco, movilizarán 693.255 euros • Los 46 auxiliares de conversación que prestan servicio en centros educativos sostenidos con fondos públicos recibirán 6.400 euros de ayuda individual • Los médicos exentos de guardias por edad podrán participar voluntariamente en los módulos de actividad vespertina para aliviar las listas de espera • Aprobado un aumento del 0,5% de las retribuciones de los empleados públicos para paliar la subida de la inflación
El Gobierno de Asturias reforzará con 60 millones el programa de ayudas a actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial, tras aceptar el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) el incremento de los fondos.
El Principado ha solicitado en tres ocasiones al Idae el aumento de los recursos destinados a esta convocatoria y siempre ha obtenido una respuesta positiva. Así, cuando se puso en marcha, en septiembre de 2019, la línea contaba con 4,7 millones de presupuesto, que se ampliaron en abril de 2020 con 7,3 millones adicionales.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una segunda ampliación por importe de 30 millones y, paralelamente, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico ha iniciado los trámites para incrementarla por tercera vez con otros 30. De este modo, la convocatoria, orientada a impulsar la descarbonización de la industria asturiana y la reducción de los costes energéticos de las empresas, pasará a contar finalmente con un presupuesto de 72.079.747 euros.
El refuerzo de la partida responde a la recepción de nuevos proyectos y a la necesidad de atender solicitudes de ayuda en lista de espera. En términos globales, se estima que esta línea apoyará inversiones empresariales por un volumen superior a 168 millones.
El Ejecutivo autonómico ya anunció hace cuatro meses que la vigencia de la convocatoria se ampliaba un año, concretamente hasta junio de 2024, gracias a la modificación de la normativa estatal.
Esta línea de subvenciones constituye una herramienta estratégica para impulsar la transformación ecológica y tecnológica del sector industrial, que representa el 60% del consumo de energía final en Asturias. Las ayudas respaldan actuaciones de mejora de tecnología en equipos y procesos industriales y han propiciado actuaciones en empresas como ArcelorMittal, Azsa, PMG Asturias Powder Metal, Daniel Alonso, Nippon Gases, Samoa Industrial, Saint Gobain, Prefabricados Nava, Sontara Asturias, Canteras del Naval, GAM o Hermanos Coto.
Iniciativas frente a la brecha digital
El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 3,3 millones para financiar acciones de formación en competencias digitales de la ciudadanía y favorecer la inclusión social en el uso de nuevas tecnologías. Todos los municipios y mancomunidades se podrán beneficiar de esta línea de subvenciones, que pretende llegar a más de 16.100 personas.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto para esta convocatoria, que incluye, entre otras acciones, la formación de personas de todas las edades en el uso de tecnologías digitales que les permitan comunicarse con las administraciones con autonomía y eficacia. La formación se podrá ofertar a través de los Centros de Dinamización Tecnológica Local (CDTL), en el caso de los municipios con menos de 20.000 habitantes, y todas las acciones serán gratuitas.
Las actuaciones subvencionadas se financiarán con fondos de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y tendrán un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
El Principado persigue con este programa mejorar la capacitación digital de la ciudadanía y su empleabilidad, especialmente en la zona rural y entre colectivos que cuentan con especiales dificultades para acceder a conocimientos digitales, como las personas mayores o aquellas con bajo nivel educativo o escasos ingresos.
En este compromiso del Ejecutivo contra la exclusión cibernética se enmarca también el proyecto de inclusión social Conect-As, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta iniciativa, de marcado carácter innovador y financiada con 7,3 millones de fondos Next Generation, se orienta a la reducción de la brecha digital de colectivos vulnerables. Más de 1.600 personas que perciben rentas mínimas (salario social básico e ingreso mínimo vital) se han beneficiado de la experiencia.
Actuaciones de mejora de la red educativa
El Principado ha dado el visto bueno a varias medidas de mejora en la red educativa de la comunidad, que se detallan a continuación.
- Obras en equipamientos
El Ejecutivo dedicará 693.255 euros a la ejecución de las obras de reparación de elementos de la estructura y la fachada del Colegio Público Ventura de la Paz Suárez, de L´Arena, en el concejo de Soto del Barco. La actuación, que se financiará en dos anualidades: 2023 y 2024, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. La Consejería de Educación iniciará el proceso de contratación con carácter inminente.
- Ayudas a auxiliares de conversación
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder una ayuda individual de 6.400 euros a cada uno de los 46 auxiliares de conversación que prestan servicios en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. El importe total para este curso asciende a 294.400 euros.
Más de la mitad de los auxiliares son de Estados Unidos, seguidos en número por británicos y australianos. También han sido contratadas personas procedentes de Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, India, Francia e Irlanda.
- Suministro eléctrico a los centros docentes
El gobierno ha aprobado un gasto de 3,64 millones para los contratos de suministro eléctrico de los centros de enseñanza dependientes de la Consejería de Educación. Los fondos se distribuyen en tres anualidades, desde el último trimestre de este año hasta agosto de 2025.
Esos contratos -que están divididos en dos lotes: alta tensión (377.480 euros) y baja tensión (3,26 millones)- se sustentan en el acuerdo marco para la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica del Principado de Asturias y sus organismos autónomos. En el caso de Educación, se da cobertura a los institutos de Secundaria, centros integrados de Formación Profesional (CIFP), escuelas oficiales de idiomas, escuelas de arte, conservatorios y centros de profesores y recursos (CPR).
Jornada laboral en el Servicio de Salud
El Ejecutivo ha dado luz verde a una modificación del decreto de 2013 que regula la jornada de trabajo en centros e instituciones del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Este cambio, acordado con los representantes de la plantilla, permitirá impulsar el plan estructural de listas de espera.
La norma recoge que los médicos exentos de realizar guardias por razones de edad podrán participar voluntariamente en los módulos de actividad asistencial adicional, incluidos los que se programen dentro del plan estructural para aliviar las demoras. En la práctica, este cambio supone disponer de más horas de atención médica, de modo que se optimiza la actual plantilla del Sespa.
Actualización de las retribuciones
El Consejo de Gobierno ha aprobado un incremento del 0,5% en las retribuciones de los empleados públicos. Esta medida, que pretende paliar los efectos de la subida de la inflación, está recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI alcanzado por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y Comisiones Obreras el 19 de octubre de 2022.
El aumento no se aplicará a los miembros del Consejo de Gobierno ni a viceconsejeras y viceconsejeros.
La subida del 0,5% tiene carácter consolidable, con efectos desde el 1 de enero de 2023, y se abonará en las nóminas de este mes a más de 40.000 empleados públicos. El coste global para la Administración se estima en 10,46 millones.
