La nueva Ley universitaria andaluza impulsará la internacionalización y la transferencia de conocimiento y mejorará la carrera académica
Estas imágenes pertenecen a juntadeandalucia.es
La Consejería de Universidad mantendrá reuniones con toda la comunidad educativa a partir de este mes de febrero y, en paralelo, iniciará la tramitación del anteproyecto de ley
La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) potenciará la internacionalización del sistema de educación superior, mejorará y estabilizará la carrera académica, favorecerá la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, incrementará los derechos del estudiantado e impulsará una mayor transparencia de las instituciones académicas. Ésos son los principales objetivos que se desgranan en el documento inicial de esta normativa elaborada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, entregado por el consejero José Carlos Gómez Villamandos a los rectores de las diez universidades públicas en las jornadas de trabajo que se están desarrollando en Cabra (Córdoba), con el fin de debatir sus líneas estratégicas.
En materia de internacionalización, el documento legal fomentará el papel de la UNIA como elemento esencial de la proyección exterior del sistema público universitario. En cuanto a la estabilidad de la plantilla docente, se limitará el uso de la figura del profesor sustituto, que sólo podrá ser empleado para necesidades puntuales y no estructurales. De igual modo, se abre la puerta a nuevos perfiles de personal docente con el fin de lograr la excelencia académica, como es el caso del profesorado distinguido, reservado a grandes expertos de prestigio mundial. En el ámbito del personal técnico de administración y servicios, la futura ley pretende profesionalizar la gestión universitaria a través de la carrera horizontal.
Para alcanzar mayores cotas de transferencia de conocimiento, la LUPA reconocerá la actividad de transmisión de la I+D+I como esencial en la remuneración de los complementos autonómicos dirigidos a la plantilla de docentes e investigadores. Por otro lado, el Gobierno autonómico ha aprovechado esta reforma normativa para ampliar los derechos del estudiantado, y en materia de transparencia del sistema universitario, el texto elaborado por la Consejería de Universidad exigirá a las instituciones mayor publicidad de sus principales parámetros.
Una vez presentado el borrador de la LUPA a los rectores, la Consejería también dará a conocer el texto a los representantes de la comunidad educativa, tanto al colectivo de estudiantes como a los representantes sindicales de la plantilla docente e investigadora y del personal técnico de administración y servicios con la finalidad de abrir un proceso de diálogo y recoger aquellas aportaciones encaminadas a enriquecer el documento. Esta fase de reuniones sectoriales se llevará a cabo a partir de este mes de febrero y, en paralelo, se dará comienzo a la tramitación del anteproyecto de ley para poder agilizar al máximo los plazos.
Paliar los efectos de la LOSU
El futuro marco legislativo autonómico se adaptará necesariamente a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque tal y como ya ha subrayado Gómez Villamandos, también paliará, en el margen de actuación del que disponen las comunidades, los "efectos adversos" generados por la normativa estatal. La norma andaluza ofrecerá soluciones, en el ámbito de sus competencias, a las necesidades legislativas y estratégicas que demandan las universidades, que la LOSU no ha atendido.
Andalucía ha sido la primera comunidad que reaccionó a la aprobación de la ley estatal, iniciando, en marzo de 2023, los trámites para modificar el texto vigente en la materia en la región, y poder contar, además, con una norma actualizada, teniendo en cuenta que la anterior data de 2013. El primer paso de esta reforma profunda de la actual legislación ya se dió en octubre de 2023 con la aprobación del decreto ley en el que se recuperaba de manera urgente la figura del profesor contratado doctor -eliminado por la LOSU- para garantizar la estabilidad del profesorado no funcionario y dotar de mayor seguridad jurídica a las instituciones académicas públicas en su contratación.
Con esta renovación regulatoria, se busca continuar avanzando en un modelo de universidad que garantice el principio de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público universitario y adaptar el sistema a la nueva realidad social, en un contexto de suficiencia de medios y de cooperación.
