Carolina España: "La Junta avanza en control y transparencia con la nueva Ley de Interventores"
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El Parlamento aprueba una norma que "nace de los propios funcionarios y supone una forma de trabajar sin precedentes en la administración, que nunca antes se sometió por iniciativa propia a tantos controles"
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha indicado que la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Interventores y Auditores de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobada este miércoles en el Parlamento andaluz, "nos hace avanzar en control y transparencia".
Carolina España ha asegurado que "es una ley que nace de los propios funcionarios y supone una forma de trabajar que no tiene precedentes en la administración autonómica, que nunca antes ha mostrado su disposición a someterse por iniciativa propia a tantos filtros de control ni a tantos procesos de supervisión interna", por lo que esta ley supondrá un "valor añadido a la rigurosidad y eficacia que ha logrado la administración de la Junta en estos años y va a permitir mejorar el control interno de la administración autonómica y de los recursos públicos".
Así, ha explicado que estos cuerpos de interventores y auditores "se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, dictado de actos de control y asesoramiento superior". La mejora de la eficiencia de la actuación pública también pasa por potenciar las técnicas de auditoría operativa y supervisión continua, que son adicionales a las actuaciones de fiscalización previa y control financiero.
"Encaramos el futuro con la máxima transparencia y las mayores garantías, porque todos los andaluces tienen derecho a conocer el uso que la administración hace de los recursos públicos", ha defendido, "y nosotros somos los primeros interesados en evaluar nuestros procesos, dónde existen áreas de mejora, ver dónde se puede dar algún fallo y detectar dónde puede existir deficiencias, ya que así podemos hacer de forma más efectiva y rápida nuestra labor como servidores públicos".
Como órgano gestor de la contabilidad del sector público regional, la Intervención General asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas comunitarias y estatales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que "ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de sus funciones que exige cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica y consolidación de estados financieros".
Por ello, "necesitábamos una ley como ésta, que ya contempla para los cuerpos de interventores y auditores la cualificación específica antes no contemplada en toda su extensión, y, con ello, llevamos el control público y la rendición de cuentas de la Junta de Andalucía al siglo XXI".
