La Junta apuesta por la colaboración público-privada para las ciudades de la Justicia de Jaén, Cádiz y Marbella

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está explorando vías alternativas de financiación para poner en marcha el Plan de Infraestructuras Judiciales que, entre otras medidas, apostará por la colaboración público-privada para la ejecución de las ciudades de la Justicia de Jaén, Cádiz y Marbella (Málaga). Otra de las medidas es la reducción de los costes de los contratos de alquiler a cambio de extender la duración de los mismos.

Así lo ha anunciado en la Comisión parlamentaria el consejero, José Antonio Nieto, quien entre las posibles alternativas para obtener recursos con los que acometer el citado plan se ha referido además a los fondos europeos o acuerdos con ayuntamientos "para que asuman la inversión de las obras que amortizarán con la renta que la Junta pague luego por el edificio", como el que se firmará con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) próximamente.

Par el consejero, que ha recordado que en 26 años desde que Andalucía tiene las competencias de Justicia transferidas solo se han construido 22 sedes nuevas "y algunas ya se han quedado pequeñas, como la Ciudad de la Justicia de Almería o la de Málaga", la prioridad es que "se preste el servicio en condiciones idóneas", al tiempo que ha señalado que "no siempre económicamente es la mejor solución construir edificios en propiedad". Por ello, ha abogado por un equilibrio entre sedes de titularidad pública y arrendadas. "No rechazamos la vía del alquiler pero creemos que se puede mejorar", ha añadido.

Alquileres a largo plazo

En este sentido, ha señalado que ha consensuado con Hacienda la ampliación en plazo de los contratos de alquiler, ya que hasta ahora solo permitía suscribir contratos de alquiler por cuatro años más uno prorrogable, algo que es "comprensible para edificios destinados a oficinas pero no para los juzgados, que hay que adaptarlos a las necesidades específicas y tenemos que meter el coste de las obras en el contrato".

Así, la Consejería de Justicia podrá firmar alquileres a 10 años (más dos prorrogables), con lo que el objetivo es lograr una rebaja en el precio por parte de los propietarios que a cambio se garantizan contratos más estables.

De esta forma, la Consejería negociará contratos de larga duración para el alquiler de sedes judiciales con el objetivo de rebajar mínimo un 20% la renta a pagar, una medida que se aplicará tanto a los nuevos arrendamientos como a los actualmente en vigor mediante una revisión de las condiciones con los propietarios. Esta una de las medidas para hacer más eficiente la gestión de los recursos disponibles que contempla el Plan de Infraestructuras Judiciales, junto a la construcción de nuevas sedes.

Propuestas sobre prioridades

Así, ha reiterado su compromiso de impulsar una veintena de proyectos en esta legislatura, entre ellos las ciudades de la Justicia de las cinco capitales que aún no tienen -entre ellas la de Sevilla a partir de septiembre-, así como una red de sedes en ciudades medias. No obstante, ha pedido a los grupos parlamentarios propuestas sobre las prioridades que consideren necesarias para cada provincia, así como se ha comprometido a convocarlos "trimestralmente" para hacer un seguimiento del plan".