Universidad e Inclusión Social analizan con el Tercer Sector las medidas sociales en el ámbito académico

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han mantenido una reunión con las entidades sociales del Tercer Sector de Andalucía para abordar las principales medidas sociales puestas en marcha por ambos departamentos y los beneficios que recoge para las familias andaluzas el nuevo decreto de precios públicos de las universidades aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este sentido, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos ha querido transmitir al Tercer Sector que, para el Gobierno andaluz, todos los colectivos a los que representan son un activo fundamental de la sociedad y forman parte de su ADN, al tiempo que ha destacado el compromiso de la Consejería para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito académico de los jóvenes "para que nadie se vea privado de acceder a la enseñanza superior por razones económicas", ha insistido.

Gómez Villamandos ha destacado la apuesta integradora de la Junta de Andalucía para propiciar la inclusión y la atención a la diversidad funcional y prueba de ello ha sido el incremento del 1% adicional de las plazas de nuevo acceso a los grados universitarios a personas en riesgo de exclusión social para el curso académico 2023-2024, "un porcentaje que se sumará a las plazas ya previstas para el curso próximo".

Esta medida, consensuada entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y las universidades públicas andaluzas en la última reunión del Distrito Único Andaluz, es la primera vez que se aplicará en toda España y va dirigida a personas residentes en Andalucía perceptoras de rentas mínimas de inserción o del ingreso mínimo vital, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarias de ellas.

Del mismo modo, el consejero ha recordado que Andalucía pretende favorecer el acceso a la comunidad universitaria de jóvenes tutelados y extutelados procedentes del Servicio de Protección a la Infancia y modificar la Ley Andaluza de Universidades para incluir la obligatoriedad de que exista en estas instituciones una oficina de atención a la discapacidad.

Además, la futura LAU consolidará las oficinas de atención a la diversidad funcional y los recursos necesarios para su funcionamiento y mejora con el objeto de redundar en una mayor garantía en la igualdad de oportunidades para los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

Por otro lado, en cuanto a las becas Erasmus, el modelo andaluz destaca sobre el resto de los aplicados por otras comunidades por garantizar ayudas para todo el estudiantado que cumple con los requisitos de la convocatoria, por cubrir la duración completa de su movilidad y por ofrecer una subvención adicional específica a personas con condiciones económicas desfavorecidas.

Villamandos ha recordado que en el Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias está prevista la obligatoriedad de incluir en todas las guías docentes de la asignatura y en todos los planes de estudio "medidas de atención a la diversidad", especificando concretamente cuáles son las que se toman en cada plan y en cada asignatura.

Exención para el ingreso mínimo vital y Renta Mínima de Inserción Social

En cuando al Decreto de precios públicos universitarios aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, Gómez Villamandos ha explicado a los colectivos que una de las principales novedades es que, por primera vez, Andalucía va a exencionar al colectivo beneficiario de la Renta Mínima de Inserción Social como una medida más del Gobierno andaluz a la hora de hacer efectiva la igualdad de oportunidades, permitiendo que todas las personas tengan acceso a la educación superior con independencia de su situación económica. Esa exención también se aplica a las familias perceptoras de la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

Por otro lado, Gómez Villamandos ha destacado que Andalucía cuenta con "una tasa de precios públicos de las más asequibles del país", además de tener diversas facilidades de pago de las matrículas universitarias que persiguen garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades.

Entre ellas, destacan el pago fraccionado para abonar el importe de la matrícula hasta en ocho plazos o la autorización a las universidades públicas para establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente, de manera que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado la transversalidad de las medidas del Gobierno andaluz que buscan "allanar el camino" y facilitar el acceso a la universidad a cualquier estudiante, con independencia de su situación personal o económica. "Este decreto favorece que jóvenes con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión social puedan estudiar una carrera universitaria en igualdad de oportunidades", ha indicado López, que ha remarcado que solo el 1,4 por ciento del total del alumnado universitario es alumnado con discapacidad, por lo que ha sostenido la necesidad de este decreto para facilitar el acceso y ha agradecido a las universidades su apuesta por la inclusión a través de las unidades de atención, con protocolos o con importantes recursos como el estudiante colaborador o el servicio de interpretación de signos, entre otras medidas.

"Trabajamos para que los estudiantes con discapacidad y otras situaciones de especial vulnerabilidad social no abandonen sus estudios y que continúen con su formación en la universidad", ha añadido López. Así, las personas con discapacidad estarán exentas del pago de precios públicos en los estudios, al igual que las personas beneficiarias de la de la Renta Mínima de Inserción Social, -conocida como Rmisa-, que, por primera vez, estarán exentas del pago de las matrículas. "La Rmisa, -como ha asegurado López-, reafirma el compromiso con las familias más vulnerables y la educación es clave y esencial para construir un proyecto de vida autónomo e ilusionante".

"La educación es esa fuerza transformadora que permite avanzar en la vida, conseguir nuevos retos y hacer frente a desigualdades", ha proseguido la titular de Inclusión Social, que ha recordado el importante papel del asociacionismo andaluz.

En este punto, la consejera ha defendido esa "alianza" entre la administración y el Tercer Sector para "tejer esa red de seguridad" para las familias y personas que lo tienen más difícil. Así, la consejera ha sostenido que el Gobierno andaluz apuesta por el diálogo constante y fluido con las entidades sociales porque "son las que conocen de primera mano las distintas realidades y las que saben las prioridades y demandas" de los colectivos más vulnerables. "El Tercer Sector si no existiera habría que inventarlo porque llega donde no puede la administración", ha proseguido López, que ha subrayado la relevancia de la investigación y de la implicación universitaria para conseguir avances sociales que hagan de nuestra sociedad "un lugar más humano, inclusivo e igualitario".

Cabe recordar que el nuevo decreto supondrá para las familias andaluzas un ahorro de 46,8 millones de euros por la aplicación de sus principales medidas, tales como la rebaja en un 8% de los másteres habilitantes y el coste invariable de los servicios académicos y administrativos.