Loles López destaca los 222,4 millones destinados a infancia este año, un 45% más que en 2018

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este martes que su departamento cuenta para este 2023 con un presupuesto total de 222,4 millones de euros para el desarrollo de políticas destinadas a la infancia y adolescencia. Esta cantidad supone incrementar en 19 millones la inversión en infancia respecto del ejercicio anterior, cerca del 10% más y un alza de 69 millones de euros respecto al presupuesto del año 2018, es decir, un 45 por ciento más.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera durante su intervención en la comisión de Infancia y Adolescencia del Parlamento, que ha iniciado hoy su andadura, y donde ha resaltado las actuaciones previstas para este 2023 en esta materia, incidiendo en que la Junta de Andalucía demuestra "con hechos que hablan por sí solos" su compromiso con los menores, sobre todo con los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En concreto, de estos 222,4 millones, los fondos destinados a la lucha contra la pobreza infantil suben hasta los 14,8 millones de euros, tres millones más respecto al año anterior, es decir, un 26% más.

No se trata de la única partida en alza ya que a la remuneración del acogimiento familiar de menores tutelados se destinarán 16,5 millones, un 12 por ciento más que en el ejercicio anterior. La consejera ha remarcado que uno de los principales retos de su Consejería es conseguir desinstitucionalizar a los menores que están en centros de protección ya que la alternativa familiar es, como ha reiterado la consejera, la mejor opción para un adecuado desarrollo de los niños y niñas.

Convencida de la necesidad de seguir trabajando para afianzar el acogimiento familiar, ha anunciado la realización de una campaña institucional para su difusión y la adopción de menores con necesidades especiales en el mes de junio. Además, se está tramitando el concierto social para el servicio de atención a las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar y la adopción. El servicio consiste en información legal, formación obligatoria sobre los procesos de acogimiento familiar y la adopción, tanto nacional como internacional, y la valoración de idoneidad de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar y la adopción.

Igualmente, en segundo lugar, la consejera ha explicado que se encuentran en fase de licitación los conciertos sociales para el acompañamiento a las familias acogedoras y adoptivas. Como ha recordado la titular de Inclusión Social, la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía promueve de forma prioritaria tanto la adopción y el acogimiento familiar como medidas de integración familiar frente al acogimiento residencial. Por ello, es necesario establecer mecanismos para conseguir un mayor acompañamiento a las familias, a las personas menores para evitar los fracasos tanto en acogimiento familiar como en guardas con fines de adopción y a las personas adoptadas.

Refuerzo al acogimiento

Además, se han consignado 16,5 millones de euros para la remuneración de acogimiento familiar, incrementándose un 18% respecto al ejercicio anterior. Igualmente, como medida de acompañamiento a la anterior, se va a elaborar una nueva orden que actualice el procedimiento de concesión y los importes de las prestaciones para los menores en acogimiento familiar, como ha avanzado la consejera.

De otro lado, entre las actuaciones más significativas para 2023 destacan la atención a menores en riesgo a través de los equipos de tratamiento familiar con un presupuesto de 18,8 millones; el fomento del acogimiento familiar y la adopción, dotado con 6,3 millones; así como resulta destacable otra actuación, de vital importancia: para la detección, evaluación y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual con un presupuesto de 1,8 millones. Igualmente, el concierto social para el acogimiento residencial de menores experimenta un incremento del 25 por ciento hasta alcanzar los 83,6 millones de euros.

Loles López ha subrayado los convenios alcanzados con entidades privadas para la incorporación del voluntariado en los centros de protección de menores con el fin de enriquecer la atención residencial. Así, a comienzos de este año se ha iniciado la tramitación de dos nuevos convenios, --se suman a los ocho ya existentes--, con la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia (Adima) y con Cruz Roja Comité Provincial de Córdoba. También es destacable el convenio con la Fundación Cruzcampo para la inserción laboral de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores de Andalucía. La consejera ha incidido en que la Junta acompaña a estos menores, una vez que alcanzan la mayoría de edad, a través de itinerarios formativos y laborales de cara a su inclusión plena en la sociedad.

III Plan de Infancia

Por otro lado, en el momento actual se están diseñando los programas y medidas de actuación, en coordinación con el comité técnico, para la publicación del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que está prevista para final de verano. "Para este Gobierno, que reconoce el valor social que tiene la infancia, los menores de edad son protagonistas de sus derechos y es importante que se inicien como ciudadanos y que participen en la sociedad", ha remarcado la consejera, que ha destacado que el bien superior de los niños es "prioritario" para la Junta de Andalucía porque se trata de un sector de la población vulnerable y que requiere de toda la atención y cuidados.

López ha sostenido que "niños y adolescentes deben asumir un rol activo y participativo que les permita adquirir autonomía", por lo que ha resaltado que en Andalucía existe cerca de un centenar de órganos de participación infantil y adolescente bajo diferentes formatos. Además, Andalucía es la comunidad autónoma de España con mayor número de municipios reconocidos como 'Ciudad amiga de la infancia'. Son un total de 85 localidades en las que viven más de 630.000 niños y adolescentes, prácticamente el 40% de la población andaluza menor de 18 años.

En esta misma línea, la inversión para las ayudas económicas a familias con menores para la atención de sus necesidades básicas supera los 14,8 millones de euros y benefician a más de 30.000 familias. Estas prestaciones están dirigidas a familias andaluzas con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender necesidades básicas. Son complementarias de los servicios sociales comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie para la lucha contra la pobreza infantil. Por ello, para la simplificación y agilización de estas ayudas está en marcha la elaboración de una nueva orden.

El programa para atender a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o conflictividad en al ámbito familiar (proyecto Nayfa) cuenta con 540.000 euros para dar cobertura a 350 familias y 400 niños y niñas. Esta actuación tiene por finalidad la atención, apoyo y orientación a familias con niños, niñas y adolescentes que muestran problemas de adaptación y/o comportamiento. Por otra parte, la consejera de Inclusión Social ha señalado el programa para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, toda vez que ha incidido en el trabajo que se está llevando a cabo para la puesta en marcha del proyecto 'Casa de los Niños' (Barnahus en islandés), el cual supone un modelo para albergar en un mismo espacio el equipo especializado que necesitan los niños víctimas de este tipo de delitos al objeto de que tengan todas las atenciones (psicológica, social, legal y judicial) en el mismo espacio y así se les evitan desplazamientos y todo se realiza con más cercanía.

Otras medidas

Por último, la consejera se ha referido a otras de las actuaciones impulsadas desde su Consejería como la nueva Estrategia Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (Eracis), que contará con un presupuesto de 180 millones de euros; y el proyecto piloto estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar, programa más conocido como POPI.  Finalmente, ha recordado que el pasado mes de enero ninguno de los grupos de la Cámara, salvo el Grupo Popular, apoyó la convalidación del decreto ley 14/2022 de modificación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, conocida como Rmisa, y que conlleva una subida de media del 45 por ciento de esta prestación y del 72 por ciento para familias con tres menores a su cargo. Por ello, ha instado a los grupos a reflexionar sobre sus posicionamientos en el Parlamento andaluz y sus posteriores demandas en las intervenciones.