El Consejo de Gobierno aprueba una declaración institucional en apoyo al sector agrario andaluz

El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en la que pone de manifiesto su apoyo al sector agrario andaluz ante la complicada situación de rentabilidad que registran sus explotaciones agrarias y que se ha visto agravada por la entrada en vigor en 2023 de una profunda reforma de la PAC, con una reducción en su presupuesto y mayores exigencias medioambientales.

El Gobierno andaluz comparte las preocupaciones de los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma y valora el alto grado de interlocución, que ha posibilitado que, un año más, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, así como Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía presenten alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Texto íntegro de la Declaración institucional de apoyo al sector agroalimentario

El sector agroalimentario es fundamental en Andalucía, contribuyendo de manera decisiva a su economía y a la creación de empleo, suponiendo el 13% del valor añadido bruto y el 10% del empleo de nuestra comunidad autónoma. Además, tiene gran importancia en el equilibrio territorial, contribuyendo a fijar población en las zonas rurales, dinamizando la actividad económica en estos municipios, en la protección del medio ambiente, en sus paisajes y en sus tradiciones y cultura.

Desde 2020, el sector agroalimentario ha visto afectada su rentabilidad como consecuencia de una serie de crisis motivadas por la Covid-19, los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo o la grave sequía que padecemos en nuestro territorio desde
2018 que han provocado una subida de los costes de producción en más de un 100% en algunos sectores.

Desde el Gobierno de Andalucía se han puesto en marcha un amplio conjunto de medidas para apoyar al sector en estos momentos difíciles, como la puesta en funcionamiento de ayudas directas a los sectores más afectados en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y con financiación autónoma, ayudas ainversiones de infraestructura hídrica y en las explotaciones para afrontar la sequía o instrumentos para facilitar la liquidez en el sector. Asimismo, se ha demandado a las instituciones comunitarias y al Gobierno central actuaciones para afrontar este escenario, como la habilitación de la reserva de crisis de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y otras medidas excepcionales para responder a estas complejas y difíciles circunstancias. 

Esta complicada situación de la rentabilidad de las explotaciones agrarias se ha visto agravada por la entrada en vigor en 2023 de una profunda reforma de la PAC, con una reducción en su presupuesto al mismo tiempo que se incrementan las exigencias, y la
puesta en marcha de una serie de planes y estrategias europeas que no responden a la realidad del sector agroalimentario andaluz.

El Gobierno de Andalucía ha venido solicitando desde 2019 al Gobierno central un cambio de rumbo en el diseño de las estrategias y políticas, a nivel nacional y europeo, que inciden sobre el sector agrario, con el objeto de que se adapten a la realidad de los 
diversos sistemas agrarios andaluces, respondiendo a los importantes retos de futuro que afrontan, y que ayuden a la mejora de su competitividad, así como de su sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Nuestras propuestas han sido siempre consensuadas con representantes del sector agrario a través de sus organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, con los que se han firmado varios documentos de posicionamiento
conjunto sobre la reforma de la PAC y la necesidad de modificar el modelo de aplicación de esta política en España a través del llamado Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). Fruto de esta unión y consenso se consiguieron algunos cambios sobre el modelo
implementado en España inicialmente propuesto desde el Gobierno central, pero que han sido claramente insuficientes. Igualmente han sido escasos los avances a nivel europeo en estos últimos años, incluida la reciente Presidencia española.

En el presente momento, en que se pone de manifiesto el amplio descontento de agricultores y ganaderos sobre la evolución de dichas estrategias y políticas, desde el Gobierno de Andalucía volvemos a señalar la necesidad de que estas políticas deben
responder, por las características específicas de este sector, a los siguientes principios:

• Estabilidad. Los requisitos, así como los apoyos a la agricultura y la ganadería no pueden verse sometidos a continuos cambios en el tiempo. Igualmente, los mecanismos de apoyo a la renta no pueden sufrir variaciones drásticas que pongan en peligro la
viabilidad de las explotaciones.

• Aplicación de la ciencia. Las políticas sobre los insumos y las prácticas agrarias deben basarse en evidencias científicas y técnicas.

• Análisis del impacto socioeconómico, a nivel territorial y sectorial, mediante estudios que examinen el impacto de las estrategias y las políticas.

• Introducción gradual de los cambios en las políticas. Deben preverse los necesarios períodos de transición que permitan la investigación, innovación, transferencia de tecnología, formación y puesta a punto de los servicios de asesoramiento necesarios.

• Competencia leal con terceros países: Los requisitos medioambientales, sociales, sanitarios y de bienestar animal exigidos a los productores de la UE también tienen que aplicarse a los de países terceros.

• Regulación de la cadena de valor agroalimentaria. El sector agrario se caracteriza por su atomización frente a otros eslabones de la cadena, lo que precisa de políticas que permitan un adecuado reparto del valor a lo largo de la misma. Así se reconoce en el
Tratado de Funcionamiento de la UE.

• Estabilización de los mercados. El sector agrario presenta unas características diferenciales frente a otros sectores, como el carácter perecedero de sus productos o la dependencia de las condiciones climatológicas que hacen preciso que se apliquen
instrumentos para su estabilización en momentos de crisis.

• Flexibilidad en la aplicación. Los sistemas agrarios son muy diversos, así como variables en el tiempo, por lo que las políticas deben contemplar las flexibilidades necesarias.

• Simplificación. Los procedimientos administrativos deben ser ágiles y sencillos.

• Adaptación al cambio climático y, de manera especial, al aumento de la temperatura y los cambios en los patrones de precipitación: A través de instrumentos que permitan afrontar crisis en el sector agrario como la actual sequía. En este sentido, es de destacar la importancia del regadío.

A partir de estos principios, son necesarias las siguientes actuaciones:

• Adaptación de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Andalucía considera que la última reforma de la PAC no ha abordado adecuadamente los problemas del sector agrario y sus retos de futuro, por lo que es necesario introducir modificaciones en esta política.

• La parte de la PAC que sin duda muestra más deficiencias en su diseño es la gestión de los mercados. Resulta necesario reformar los mecanismos de gestión pública en momentos de crisis, así como las posibilidades de autorregulación del sector, fortaleciendo las organizaciones de productores y las interprofesionales. Esta reforma es necesaria para asegurar unos precios  relativamente estables a productores y consumidores.

• La PAC debe centrarse en la regulación y apoyo al sector agroalimentario. En las últimas reformas se han introducido actuaciones de tipo medioambiental, de sanidad, de bienestar animal o de apoyo global a zonas rurales, que consideramos necesarias
pero que deben abordarse con presupuesto de otras políticas, como la regional. Con un presupuesto menguante en términos reales, la PAC no puede acoger nuevos objetivos.

• Actualización de los apoyos a los agricultores. Las ayudas directas a la renta de los agricultores y ganaderos no se han actualizado con los datos de inflación desde la década de los 90, lo que supone una importante reducción de apoyos en términos
reales. Estos apoyos son fundamentales para mantener el modelo agrario europeo, ya que la renta del sector agrario europeo está muy por debajo del de otros sectores económicos.

• Simplificación real, tanto de los requisitos exigidos a agricultores y ganaderos, como de los procedimientos de gestión y control.

• Adaptación del Pacto Verde Europeo y de la estrategia de la granja a la mesa, así como de su normativa de desarrollo en progreso. El Gobierno de Andalucía apoya el avance en la sostenibilidad del sector agrario, pero las estrategias deben basarse en
datos científicos, en estudios de impacto socioeconómico que analicen su viabilidad, en la existencia de técnicas alternativas de producción y en los necesarios períodos de transición para permitir la adaptación de los sectores a los nuevos requisitos.

• Modificación de la política comercial de la Unión Europea, introduciendo cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, de manera que los productos agroalimentarios de terceros países cumplan los requisitos medioambientales y sociales exigidos en la UE.

• Establecimiento de estrategias orientadas a apoyar a aquellas regiones de la Unión Europea más afectadas por los efectos del cambio climático, como pueden ser los episodios de sequía.

• Reforzamiento de los mecanismos de control sanitarios y de contingentes arancelarios y de la transparencia en las fronteras de la Unión Europea.

• Activación de la reserva de crisis de la PAC para atender las explotaciones más afectadas por la situación de sequía agronómica e hidrológica.

• Con ocasión de las crisis motivadas por la Covid-19 y por la guerra de Ucrania, se introdujo en la PAC una nueva medida para compensar a las explotaciones agrarias e instalaciones de agroindustria gravemente afectadas por dichas crisis. Solicitamos una
medida similar para apoyar a explotaciones e instalaciones afectadas por la grave situación de sequía.

• Modificación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC). La reforma de la PAC de 2021 ha introducido un nuevo modelo de gobernanza que concede más subsidiariedad a los estados miembros para diseñar las intervenciones de la política agraria. El Plan de España fue adoptado con la oposición de la Junta de Andalucía y del sector agrario andaluz, dado que supone fuertes pérdidas en el apoyo a la renta de las explotaciones agrarias en las zonas más productivas de Andalucía e introduce requisitos
que no se adoptan a nuestros sistemas agrarios. Por ello, volvemos a insistir en la necesidad de:

- Introducir modificaciones en el modelo regional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, dado que algunas comarcas agrarias andaluzas han quedado encuadradas en regiones que no corresponden a su estructura productiva.
- Una nueva definición de los tipos de superficies de los ecorregímenes, que reflejen adecuadamente la diversidad de la agricultura española, y se basen en criterios con una base técnica y científica.
- Una flexibilización de los requisitos exigidos para la percepción de las ayudas, especialmente de la figura de agricultor activo, la condicionalidad reforzada y los ecorregímenes, que permita adaptarlos a la diversidad territorial y sectorial, y a las actuales condiciones de sequía.
- La eliminación de los requisitos y procedimientos administrativos que van más allá de las exigencias normativas de la UE, como el cuaderno digital de explotación.

• Revisión de las estrategias medioambientales de España y su normativa de desarrollo, que inciden en el sector agrario, con el objeto de que las nuevas exigencias tengan un fundamento científico, sean viables técnica, social y económicamente y se introduzcan con unos períodos de adaptación suficientes.

• Reforzamiento del sistema de aseguramiento a las producciones agrarias, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

• Apoyo a las producciones más afectadas por la sequía agronómica e hidrológica. 

• Reforzamiento de la gestión del agua, con un apoyo decidido a la mejora de la eficiencia de los regadíos, la creación de infraestructuras que permitan afrontar la mayor variabilidad temporal por el cambio climático y el aprovechamiento de aguas
regeneradas y desaladas.

El Gobierno de Andalucía considera que estas actuaciones permitirán reforzar la sostenibilidad y competitividad del sector agroalimentario, permitiéndole afrontar los importantes retos futuros y contribuyendo así a fortalecer la seguridad alimentaria y la
generación de riqueza y empleo en nuestra comunidad, acciones que deben implementarse en estrecha colaboración con el sector, con el que manifestamos nuestra intención de seguir trabajando de manera consensuada.