La Junta implanta el expediente único digital de los menores infractores para seguir su evolución

Crea un sistema pionero que facilita el intercambio de información entre profesionales de centros y servicios donde cumplen medidas

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la implantación en todo el territorio andaluz del nuevo sistema de información de Justicia Juvenil PRISMA, desarrollado por la empresa Ayesa Advanced Technologies S.A. con una inversión de 663.643,14 euros
(IVA incluido), lo que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma en contar con esta aplicación, que forma parte de la apuesta de la Junta de Andalucía por la digitalización en la Administración de Justicia para hacerla más ágil y sostenible.

Así, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha implantado el expediente único digital de los menores infractores, que permite a jueces, fiscales y profesionales de los centros y servicios donde éstos cumplen medidas compartir
información actualizada para seguir su evolución. Tras realizar una experiencia piloto el pasado junio en Huelva, la Junta de Andalucía ha ido extendiendo el sistema al resto de provincias, quedando implantada completamente en diciembre de 2023 en todos los juzgados y fiscalías de Menores.

De esta forma, Andalucía es pionera en contar con un expediente único digital en el que está unificada toda la documentación relativa a los menores infractores, lo que facilita la tramitación, modificación y control de las medidas que los jueces imponen a los jóvenes y éstos cumplen en los centros y servicios que gestiona la Consejería de Justicia.

El nuevo sistema permite las comunicaciones telemáticas, vía LexNet, entre los órganos judiciales y los profesionales de los centros y servicios donde los jóvenes cumplen las medidas. Toda la documentación relativa a la ejecución de las medidas judiciales queda
integrada en un expediente único digital que contiene así no sólo información sobre el estado del mismo en un momento puntual como sucedía hasta ahora, sino toda la evolución del menor desde el inicio hasta el fin de la ejecución de la medida.

La digitalización de la Administración de Justicia es uno de los ejes prioritarios de actuación del Gobierno andaluz, con el objetivo de hacerla más ágil y sostenible, al reducir el uso del papel y desplazamientos innecesarios. Con PRISMA, los fiscales y los
profesionales de los centros y servicios donde los menores cumplen las medidas pueden acceder telemáticamente a las modificaciones de medidas (por acumulación de condenas, refundición, sustitución u otros supuestos) que dicten los magistrados.

Igualmente, los jueces y fiscales pueden consultar directamente los informes de seguimiento de los equipos que trabajan con los jóvenes y las comunicaciones de cualquier incidencia. Hasta ahora, este intercambio de información se hacía por correo
electrónico o vía fax.

Toda esta documentación queda guardada en un único expediente digital de cada menor, evitando duplicidades cuando los jueces imponen a un mismo joven varias medidas que ejecutan en diferentes centros y servicios (por ejemplo, libertad vigilada y
asistencia a un taller socioeducativo o prestaciones en beneficio de la comunidad). Los documentos contenidos en el expediente tienen validez legal. Una vez que se realiza el trámite necesario, el propio sistema genera una plantilla documental entre 100 modelos creados durante el desarrollo y la firma se realiza de forma transparente para el usuario.

En este sentido, PRISMA permite a todos los profesionales que trabajan con los menores infractores disponer de información completa de forma inmediata, ordenada y segura. Además, es un sistema flexible, con capacidad de respuesta a los cambios que
puedan producirse en la normativa y en la gestión de procesos. Igualmente, mejora también la información estadística y facilitará su explotación para investigaciones y estudios, pues permite mostrar datos sobre medidas y menores con carácter anónimo.
Ello será de gran utilidad para el futuro Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil en el que trabaja el Gobierno andaluz a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

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