Autorizados los contratos para asumir la atención de 451 personas tuteladas en situación vulnerable

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia de la contratación de los servicios para garantizar la atención a 451 personas en situación de extrema vulnerabilidad con necesidad de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica en la provincia de Sevilla. Esta medida, que se lleva a cabo a instancias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, tiene como finalidad dar respuesta a la compleja situación generada tras la entrada en concurso de acreedores de la Fundación Hispalense de Apoyos y la necesidad, por tanto, de dar amparo a estas 451 personas afectadas por esta medida.

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha ejercido esta competencia a través de ocho fundaciones de carácter privado (una por provincia), que han venido asumiendo los cargos de apoyo (guarda de hecho, curatela representativa o asistencial, antiguas
tutelas aún sin revisar o defensas judiciales) de aquellas personas que no cuentan con familiares o allegados, o bien los tienen pero por parte de la autoridad judicial no se consideran apropiados. Se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema que
necesitan de ayuda para poder ejercer su capacidad jurídica.

En el ámbito de la provincia de Sevilla, con fecha 10 de febrero de 2023, la Dirección General de Personas con Discapacidad resolvió conceder subvención nominativa a la Fundación Hispalense de Apoyos por un importe de 165.394 euros para su mantenimiento, asegurando de esta manera que las personas necesitadas de apoyo contaran con dicha entidad para prestárselo. No obstante, con fecha 17 de octubre de 2023, la Fundación Hispalense de Apoyos presentó petición de concurso de acreedores voluntario, lo que supone que no está en disposición de seguir prestando servicio.

En concreto, el número de personas que quedan en situación de grave peligro, ante la situación creada, asciende a 451 personas (255 hombres y 196 mujeres). Un número muy significativo de ellas son personas cuya tutela estaba en manos de la Fundación
Hispalense de Apoyos, de manera que la situación generada supone un grave perjuicio para estas personas especialmente vulnerables, así como un peligro cierto para su esfera de derechos. Además, en algunos casos, se trata de personas que también
necesitan apoyo y supervisión en el ámbito de sus cuidados básicos o en la administración de su patrimonio, asistencias que también dejan de ser atendidas por parte de la citada fundación.

Así, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se puso en marcha para dar una respuesta inmediata a las necesidades de estas personas y declaró la emergencia de la contratación de los servicios para atenderlas.

Para ello, ha contado con dos fundaciones que pueden ofrecer el servicio, asumiendo entre ambas los cargos de las 451 personas afectadas. Se trata de la Fundación TAU, que se hará cargo de 164 personas con discapacidad intelectual, y de la Fundación
Padre Miguel García Blanco, que asumirá la atención de 287 personas con enfermedad mental grave y con deterioro cognitivo.

La duración de los dos contratos de emergencia se extenderá hasta la tramitación de un contrato administrativo especial de servicios que se está preparando desde la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familias e Igualdad, con el fin de instaurar en Andalucía un nuevo modelo de gestión de los apoyos, mediante concierto social con entidades sin ánimo de lucro.