La Junta impulsará con el Ayuntamiento de Carmona una nueva sede judicial en el municipio
Los actuales Juzgados de Carmona ocupan un edificio histórico del siglo XVIII con problemas de accesibilidad y obsolescencia
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del protocolo suscrito el pasado viernes por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) para impulsar la construcción de una nueva sede judicial en la localidad. Según dicho acuerdo, la Consejería redactará el proyecto y el Ayuntamiento acometerá la construcción del edificio, que será arrendado por la Junta de Andalucía por 30 años para garantizar al Consistorio la recuperación de la inversión.
Se trata de un nuevo acuerdo de colaboración pública-pública, pionera en nuestro país, para el desarrollo del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 diseñado por el Gobierno andaluz, una fórmula que ya se ha puesto en marcha con otros municipios como Roquetas de Mar (Almería) y Jerez de la Frontera (Cádiz).
Los actuales Juzgados de Carmona ocupan un edificio histórico del siglo XVIII donado por el Ayuntamiento a la Administración de Justicia en 1976 tras su rehabilitación y que, aunque se encuentra en buen estado estructural, tiene problemas de accesibilidad y
obsolescencia respecto a las necesidades actuales. El inmueble fue la antigua Cilla del Cabildo municipal, en pleno centro histórico y con una superficie de 1.664,00 m2. Cuando se construya la nueva sede judicial, el edificio retornará al Ayuntamiento.
Carmona es cabeza de partido judicial y presta servicio también a Mairena del Alcor y El Viso del Alcor, que suman en total 75.000 habitantes. Es además un partido con una importante carga de trabajo, especialmente en la jurisdicción penal. Cuenta con tres
juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Registro Civil, Servicio Común y dos Salas de Vistas.
Por ello, y dada la importancia del partido judicial, es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. La disposición del Ayuntamiento ha permitido consensuar la fórmula
de colaboración pública-pública para acometer un proyecto largamente demandado por los agentes jurídicos.
