La nueva planificación de títulos universitarios en Andalucía podrá revisarse cada dos años

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del proyecto de decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias que se está tramitando en la actualidad y que planificará la oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado cada cuatro años en Andalucía, con posibilidad de que se pueda revisar y actualizar cada dos. Con esta medida se pretende lograr una mejora continua de las enseñanzas impartidas por el sistema universitario, favorecer una mayor integración con el contexto socioeconómico y con el tejido empresarial y elevar los niveles de inserción laboral de los egresados y, entre otras iniciativas, priorizar los grados y másteres duales, así como las enseñanzas interuniversitarias e internacionales.

Con la iniciativa, Andalucía contará por primera vez con una programación universitaria periódica que se confeccionará a partir de las propuestas de las diferentes instituciones académicas, en las que se incluirán los títulos oficiales a impartir en ese periodo, con la
correspondiente previsión temporal para las enseñanzas de nueva implantación o para las que se prevea modificar o suprimir.

Esa programación universitaria deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, la estructura socioeconómica del territorio en el que se ubica, su tejido productivo, así como las potencialidades y necesidades de su mercado laboral. También se atenderá a la existencia de una demanda real, tanto por parte de la sociedad andaluza como del estudiantado, que habrá de fundamentarse adecuadamente en estudios y referentes externos, según detalla el documento. Se buscará, igualmente, un equilibrio territorial en la oferta para evitar duplicidades y carencias significativas para introducir así mecanismos de corrección para eliminar posibles desajustes entre oferta y demanda y actualizar la primera incorporando carreras que respondan a necesidades objetivas de formación de la sociedad.

En cualquier caso, el futuro decreto otorgará una consideración especial a aquellas titulaciones que, aun teniendo poca demanda, sean necesarias para responder a las exigencias del tejido económico y productivo del territorio o la provincia en cuestión. De
igual modo, el texto legal planteará atender otros criterios como la suficiencia financiera y de recursos de personal e infraestructura y llama la atención sobre la necesidad de que el sistema universitario aborde cambios estructurales para adaptarse a unaestrategia de internacionalización. Desde la óptica de la proyección exterior, las instituciones académicas tendrán que revisar sus políticas de ordenación académica determinando qué programas, dobles títulos, currículos, métodos docentes o actividades de I+D+I pueden ser más competitivas a escala global. Asimismo, se exige introducir criterios de reconocimiento profesional entre quienes acrediten el dominio de varias lenguas, establezcan redes académicas y fomenten alianzas estratégicas con otros centros de educación superior. También se reforzarán la movilidad y las estancias del personal docente e investigador fuera de España, así como la presencia de profesores e investigadores extranjeros en el territorio andaluz. 

Grados duales y la enseñanza interuniversitaria serán prioritarios

La creación de los grados y másteres duales en el sistema universitario andaluz será prioritaria con el proyecto de decreto, al igual que las enseñanzas interuniversitarias e internacionales. Para ello, se suavizarán los criterios exigidos para el conjunto de
titulaciones en lo que respecta a los recursos de personal docente e investigador que deberán garantizar las universidades andaluzas para llevarlas a cabo.

Los grados y másteres con mención dual contemplan la posibilidad de que el estudiantado compatibilice su proceso formativo con una actividad retribuida en una empresa o institución mediante un contrato de formación en alternancia, de acuerdo con
la ley laboral. En base a la normativa, el porcentaje de créditos que se podrá desarrollar en la empresa o entidad empleadora oscilará entre un mínimo del 20% y un máximo del 40% en el caso de los grados y entre el 25 y el 50% en los másteres.

Atendiendo a las condiciones que se plantean en el nuevo decreto de ordenación, será necesario formalizar un convenio de colaboración entre el centro formativo y la empresa o entidad empleadora, que definirá con carácter previo las competencias y
conocimientos que se pretenden alcanzar de forma complementaria mediante la actividad laboral. Dicho convenio tendrá que recoger un plan formativo para el alumnado que contendrá su itinerario de cualificación laboral, los mecanismos de tutoría y
supervisión y los sistemas de evaluación. Esta medida tiene como finalidad favorecer la empleabilidad del estudiantado y su incorporación adecuada al tejido productivo y garantiza personal cualificado a sectores que lo necesiten, además de un acceso más
fácil a un primer puesto de trabajo.

Una vez que esté listo el decreto de ordenación, previsto para este año, Andalucía podrá contar con la primera norma específica de carácter autonómico que se encargará, además de regular la programación universitaria, de adecuar los planes de estudio a
esa programación y establecer los criterios para la implantación, modificación y supresión de los títulos de grado, máster y doctorado. También evaluará la necesidad y viabilidad académica y social de las enseñanzas y recogerá los procedimientos para laverificación de los planes de estudios de las universidades. Hasta ahora, en Andalucía este proceso de autorización, acreditación o verificación se ha llevado a cabo tomando como referencia el marco estatal que era de aplicación. Las nuevas titulaciones con
estas futuras determinaciones se incorporarán al sistema a partir de 2025. 

Tramitación por la vía de urgencia

El Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha iniciado la tramitación del proyecto normativo mediante la vía de urgencia con el fin de implementar a la mayor brevedad posible los diversos procedimientos y
medidas reguladas en el documento.

El proyecto ya se ha sometido a evaluación por parte del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y deberá obtener también, entre otros, el informe preceptivo del Gabinete Jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo para finalmente ser aprobado
por Consejo de Gobierno. Previamente a su tramitación, la Consejería ya incorporó en su diseño las aportaciones realizadas por las diferentes universidades públicas andaluzas. Además, el proyecto de decreto también tendrá que superar el trámite de
información pública, en el que la ciudadanía, así como las asociaciones y entidades afectadas por este cambio normativo tendrán la oportunidad de realizar sugerencias y observaciones.