Consulta Pública previa de la Estrategia contra la pobreza de transporte

En base a los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en tanto que se persigue un interés general, resulta imprescindible abrir un proceso participativo previo a la elaboración y aprobación de la 'Estrategia contra la pobreza de transporte', de tal forma que se recaben las ideas y propuestas de la ciudadanía, la sociedad civil y las entidades públicas o privadas, con el objetivo de favorecer el consenso en el enfoque y las actuaciones para prevenir y paliar la pobreza de transporte.

En consonancia con el artículo 11 apartado 1.p) del Real Decreto 253/2024, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que encomienda a la Dirección General de Estrategias de Movilidad «el diseño, gestión y coordinación de las políticas dirigidas a los usuarios y empresas vulnerables en el ámbito del transporte y la movilidad», el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera prioritario abordar la pobreza de transporte a través de una 'Estrategia contra la pobreza de transporte' que recoja las medidas de acompañamiento adecuadas para aliviarla y prevenirla.

La pobreza es un estado de máxima vulnerabilidad de carácter multidimensional que conlleva una propensión física a sufrir pérdidas severas y la incapacidad para recuperarse de ellas, y que va más allá del enfoque económico de la renta disponible. Además de esta, la pobreza abarca a derechos humanos como el acceso a la vivienda, educación, salud, trabajo, protección social, etc., y a una carencia de servicios básicos de calidad como agua, saneamiento, sanidad, energía, transporte, servicios financieros, comunicaciones digitales, etc.

Dado que toda persona, independientemente del lugar en el que resida o desarrolle sus actividades, ha de tener el derecho a una movilidad sostenible y justa, y a acceder a servicios de buena calidad, los grupos de población que no dispongan del nivel de servicios de transporte necesario desde el punto de vista social y material para acceder al puesto de trabajo, centro sanitario o educativo, establecimientos comerciales, actividades socioculturales, etc., se encontrarían en una situación de pobreza de transporte y precisarían un apoyo público que les permita acceder a dichos servicios esenciales en condiciones de igualdad.

Así, se puede precisar la pobreza de transporte como la incapacidad o dificultad de las personas y los hogares para hacer frente a los costes del transporte público o privado, o su falta de acceso o su acceso limitado al transporte necesario para acceder a servicios y actividades socioeconómicos esenciales en condiciones suficientes para una buena calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto social y territorial.

En el marco de la Unión Europea, la pobreza de transporte se está abordando a través de tres conceptos o dimensiones básicas, más una cuarta transversal —las Aes en el idioma inglés—:

• Disponibilidad (availability): un hogar o un ciudadano no dispone, o su disponibilidad es limitada, de un sistema de transporte público o de un medio privado para el transporte.
• Accesibilidad/conectividad (accessibility): un hogar o un ciudadano es incapaz, o tiene una extrema dificultad, de llegar a destinos/actividades clave o servicios esenciales —trabajo, educación, sanidad, ocio, etc.—, o el tiempo para llegar a ellos es excesivo.
• Asequibilidad (affordability): el gasto en transporte de un hogar o un ciudadano es alto en relación con sus ingresos y el resto de gastos.
• Aceptabilidad (acceptability): adecuación de la oferta a las personas de movilidad y sensibilidad reducida; insuficiente información para planificar los desplazamientos; cuestiones de género, edad o grupo social; particularidades territoriales; seguridad; etc.

La Estrategia contra la pobreza de transporte estará alineada con los objetivos de los instrumentos de planificación estratégica estatal en materia de movilidad, energía, clima, calidad del aire, salud humana, derechos humanos, etc., y complementará el futuro Plan Social para el Clima, establecido en el Reglamento (UE) 2023/955 por el que se crea un Fondo Social para el Clima, pues la Estrategia recogerá políticas y medidas para luchar contra la pobreza de transporte y paliar sus efectos.

Las administraciones públicas, los ciudadanos, empresas y sus agrupaciones, organizaciones y asociaciones que lo consideren conveniente pueden hacer llegar sus observaciones sobre la iniciativa sometida a consulta hasta el día 15 de enero de 2025, a través del siguiente formulario.

Se analizarán y valorarán especialmente las propuestas para la elaboración de la Estrategia sobre: (i) posibles enfoques de la definición de pobreza de transporte en base a sus dimensiones; (ii) las variables —datos del hogar o el ciudadano, y de accesibilidad a servicios básicos, etc., con la desagregación espacial apropiada— para definir indicadores que cuantifiquen la pobreza de transporte; (iii) los objetivos, metas e hitos temporales a lograr; (iv) las políticas y medidas a desarrollar; (v) políticas y medidas implantadas consideradas casos de éxito y (vi) el mecanismo de gobernanza para el seguimiento y evaluación de la implantación, más el procedimiento para su revisión.