La Comunidad de Madrid inicia la tramitación de la nueva Ley de ordenación del turismo con más derechos y deberes para usuarios y empresas
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La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de su futura Ley de ordenación del turismo con el objetivo de adaptarse a las transformaciones del sector y a las nuevas modalidades de alojamiento. El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha autorizado la publicación de su consulta pública a través del Portal de Transparencia para recoger la opinión de ciudadanos y organizaciones que deseen presentar sus aportaciones a esta normativa autonómica.
Con este nuevo anteproyecto se modificará la Ley de ordenación del turismo vigente desde 1999. Se busca así crear un marco legal actualizado para que la seguridad jurídica quede garantizada.
Entre las principales novedades, se encuentra el cambio del régimen sancionador adaptándolo, entre otras normas, a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Se establece un plazo máximo de 6 meses para resolver estos procedimientos, así como las reclamaciones y solicitud de dispensas en alojamientos turísticos.
Se ampliarán los derechos y deberes de los usuarios, así como los de las empresas y establecimientos del sector. En este sentido, también se incorporará un artículo sobre seguros y garantías. La actualización de la norma incluye también la mención a la libertad de precios de la actividad turística y se da una nueva redacción al acceso y permanencia en los establecimientos de alojamiento turístico.
Por otra parte, se actualizarán, elevándolas a rango legal, las modalidades de los servicios de alojamiento incluyendo a las hosterías (hostels), viviendas de uso turístico y áreas de acogida y pernocta de autocaravanas, cámperes y similares de tracción propia.
Un turismo al alza
En 2024 la Comunidad de Madrid recibió un total de 16,5 millones de visitantes, de los cuales 8,8 millones fueron internacionales y con un gasto total de 20.000 millones de euros. Así, el sector turístico se ha afianzado como uno de los principales motores económicos de la región al aportar el 8,6% de su Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado con un impacto económico de 25.000 millones de euros y sumando cerca de 300.000 empleos.
