El Gobierno cántabro publica la orden definitiva que incrementa a 41 los municipios en riesgo de despoblamiento

La consejera de Presidencia valora la unificación de la norma para generar seguridad jurídica y evitar duplicidades, junto al consenso y aprobación de los municipios  

Santander- 03.01.2025

El Gobierno de Cantabria ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden definitiva que establece los municipios de la comunidad autónoma que se encuentran en riesgo de despoblamiento, que incrementa en dos el número de municipios beneficiados -un total de 41-, y consigue unificar y clarificar en una única norma reguladora los ayuntamientos donde se aplicarán todas las medidas de discriminación positiva para incentivar la fijación y atracción de la población a estas zonas.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha comparecido en rueda de prensa para informar de la nueva orden, que entra en vigor hoy, tras el cierre del proceso de información pública y el estudio de las alegaciones presentadas por ayuntamientos y distintas entidades, y que pone fin a la coexistencia de dos regulaciones autonómicas en esta materia que generaban duplicidades e inseguridad jurídica. Por un lado, la orden de la Consejería de Presidencia con los 39 municipios en riesgo de despoblamiento y, por otro, la utilizada por la Consejería de Economía para establecer anualmente incentivos fiscales y que establecía 55 ayuntamientos en situación de reto demográfico.

Urrutia ha destacado la necesidad de esta orden, "solicitada, consensuada y aprobada con los municipios de Cantabria y sus representantes", presentes tanto en la Comisión de Administración Local como en el Consejo Asesor frente al Despoblamiento, donde se han establecido unos criterios, según ha dicho, "posibles, razonables y objetivos".

En concreto, en virtud de la nueva orden, tienen la consideración de municipios en riesgo de despoblamiento todos los municipios de Cantabria con densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con los parámetros de la Unión Europea.

A esto se añaden aquellos municipios de Cantabria que cumplen tres de los cuatro criterios siguientes: variación negativa de la población en los últimos 10 años, municipios con renta por debajo a la mediana de los municipios de Cantabria, una tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento y población inferior a 2.000 habitantes.

En este contexto, ha justificado el rechazo de las últimas alegaciones presentadas por las entidades locales -en el periodo de consulta pública en el mes de noviembre no se presentó ninguna-, dado que "ninguno de los municipios ha demostrado que cumple con los parámetros y criterios" que determino "por unanimidad" el Consejo Asesor frente al Despoblamiento, que aceptó a su vez dos de los criterios de los grupos de acción local en este mismo órgano. Llama la atención, a juicio de la consejera de Presidencia, que algunos de los ayuntamientos que firman las alegaciones son los que mismos que propusieron los criterios que delimitan los municipios en riesgo despoblamiento.

Por eso, la consejera de Presidencia ha defendido la necesidad de tomar decisiones y ha señalado que los criterios utilizados por el Ejecutivo son objetivos y están marcados por la UE y la normativa vigente en materia de despoblamiento y entornos rurales, a lo que se añade que con la nueva orden hay más municipios en riesgo de despoblamiento que antes -de 39 a 41-. En concreto, respecto a la orden aprobada en la anterior legislatura, en la que no se detalló los criterios utilizados para elaborarla, se suman como municipios en riesgo de despoblamiento cuatro -Escalante, Villacarriedo, Selaya, Villafufre-, y salen de esta situación dos -Ruente y Cillorigo de Liébana-.

"Lo que no podemos defender ningún responsable político es unos criterios u otros, que entendemos objetivos, y dependiendo de si el municipio o quien nos conviene está dentro o fuera poner en duda esos criterios", ha dicho la consejera en la rueda de prensa, que ha insistido en que esta elección está "motivada" y es "objetiva y equilibrada".

De cualquier forma, la responsable del Gobierno cántabro ha informado que su departamento procederá a la revisión de este listado de municipios en riesgo de despoblamiento cada dos años, tal y como establece la nueva orden.

Relación de municipios en riesgo de despoblamiento

La orden publicada en el BOC detalla que los municipios en riesgo de despoblamiento en Cantabria y, por tanto, con tratamiento especial y diferenciado, son un total de 41.

De estos, 13 están en situación de riesgo grave al tener una densidad de población inferior a 8 habitantes por kilómetros cuadrado y al cumplir, además, los parámetros de pérdida poblacional en la última década, renta per cápita inferior a la mediana de los municipios de la región, tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento y menos de 2.000 habitantes.

En concreto, cumplen estos criterios los municipios de Cabezón de Liébana, Lamasón, Luena, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Pedro del Romeral, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Valderredible y Vega de Liébana.

Por su parte, los 26 municipios en riesgo de despoblamiento son Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Escalante, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Miera, Molledo, Polaciones, Rasines y Rionansa. En esta misma categoría se encuentran Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Selaya, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre.

Además, otros dos municipios -Tresviso y Valle de Villaverde- tienen un tratamiento especial y diferenciado.

Nuevo diseño del BOC

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para informar del cambio en el diseño de la edición diaria del BOC, que ha descrito como "más sobria, institucional y corporativa", "más acorde" a la línea seguida por otros boletines editados en el país.

Igualmente, ha valorado las medidas de simplificación administrativa y de mejora en la gestión de los boletines oficiales introducidas, que han logrado reducir los tiempos para su publicación de cinco días a 48 horas. Según ha explicado, esto ha conseguido reducir la publicación de boletines extraordinarios, que "ahora sí son excepcionales". Por ejemplo, en 2024 se publicaron 48 ediciones extraordinarias del BOC frente a las más de 70 de anteriores ejercicios.