El Ejecutivo valora el dictamen de la Comisión Europea sobre la prórroga del peaje del Huerna y reitera la exigencia de su eliminación definitiva

El Gobierno de Asturias valora de manera muy positiva el dictamen emitido por la Comisión Europea respecto a la prórroga del peaje del Huerna, en el que se considera que el Gobierno de España vulneró la normativa de contratación pública de la Unión Europea. Además, ha vuelto a reclamar la eliminación definitiva del cobro en el principal paso hacia la meseta.

El organismo comunitario ha informado hoy de que continúa con el procedimiento de infracción contra el Estado español por la prórroga hasta 2050 de la concesión de la autopista AP-66 sin licitación pública, al entender que esta medida contravino la legislación europea.

El Principado señala que esta decisión refleja las serias dudas sobre la legalidad de una medida que ha perjudicado gravemente a la comunidad y que fue adoptada de forma unilateral por un gobierno del Partido Popular.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha calificado de "demoledor" el dictamen de la Comisión Europea, dado que expone hechos "de la máxima gravedad". Además, ha emplazado al PP a asumir la responsabilidad de las decisiones que en su momento tomó su gobierno, aparentemente vulnerando la legislación comunitaria, y provocando un severo daño a Asturias.

Calvo ha expresado también la disposición del Gobierno de Asturias a adherirse a cuantos procedimientos puedan derivarse del dictamen europeo, con el objetivo de lograr la eliminación definitiva del peaje del Huerna, una demanda histórica de la ciudadanía.

El Ejecutivo se compromete, asimismo, a poner a disposición de las instituciones comunitarias toda la información técnica pertinente para contribuir a la resolución del caso.

El Consejo de Ministros del gobierno del PP aprobó en el año 2000 la prórroga de la concesión de la AP-66 sin transparencia, sin proceso de licitación y sin tener en cuenta los intereses del Principado, lo que ha supuesto una barrera económica y territorial para Asturias durante más de dos décadas.