El Consejo de Gobierno inicia la tramitación del anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural

El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que incorpora las más modernas concepciones del patrimonio, reforzando la presencia del patrimonio inmaterial, industrial e incorporando expresamente como novedad el patrimonio audiovisual; fomenta la participación y la concienciación ciudadana; y agiliza la gestión, conjugando el fomento de la actividad económica y el máximo respeto a los valores patrimoniales.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, deberá ahora someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Económico y Social o del Consejo Consultivo, entre otros, para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento de Andalucía, donde su aprobación será sometida a debate.

El documento, que ha tenido una alta participación de personas, profesionales y organizaciones implicadas en el ámbito patrimonial durante el periodo de consulta pública previa, sustituirá al actual marco legal, aprobado en 2007. En los casi 18 años transcurridos, los cambios normativos, jurisprudenciales y culturales tanto en el ámbito nacional como internacional aconsejaban una revisión en profundidad de la regulación patrimonial y su adaptación a la realidad actual.

La norma concibe la protección del patrimonio como un elemento transversal de la acción pública de la Junta de Andalucía, integrándola en las políticas sectoriales en materia de educación, investigación, ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, aguas, medio ambiente, espacios protegidos, sostenibilidad, agricultura, ganadería, desarrollo rural, turismo, energía, minas, artesanía, servicios sociales, accesibilidad y cualesquiera otras que puedan tener una afección sobre el patrimonio cultural.

El anteproyecto de Ley del Patrimonio Cultural de Andalucía ordena el régimen jurídico de los bienes del patrimonio cultural de Andalucía según el nivel de protección de los bienes (bienes de Interés Cultural, los de valor más relevante, declarados por el Consejo de Gobierno; bienes de Interés Patrimonial, los de especial significación cultural, declarados por orden de la Consejería competente en la materia, y bienes catalogados, que da cabida a los bienes que incluyan los ayuntamientos en los catálogos urbanísticos) y según sea su naturaleza inmueble, mueble o inmaterial, así como incorporando especialidades que atiendan a los tipos de patrimonios especiales como el etnológico o industrial, de gran importancia para el desarrollo rural.

Además, a las categorías tradicionales de bienes inmuebles (Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Lugar de Interés Etnológico, Lugar de Interés Industrial y Zona Patrimonial) se suman el Paisaje Cultural, que incluye aquellos territorios con valores materiales e inmateriales socialmente reconocidos, y las vías culturales, es decir, los caminos que forman parte, o que formaron parte en el pasado, de la articulación y la comunicación en el territorio andaluz.

En paralelo, se simplifica la normativa de órganos colegiados y consultivos. Así, el Consejo Andaluz de Patrimonio Histórico pasa a ser el Consejo Andaluz del Patrimonio Cultural y las actuales comisiones de Bienes Inmuebles, Muebles y Etnología se refunden en una sola, denominada Comisión de Bienes Culturales. Al mismo tiempo, se mantiene la Comisión de Arqueología y de Museos y se elimina la Comisión de Patrimonio Documental, innecesaria tras la aprobación de la Ley de Archivos en 2011.

Otra de las novedades es la creación por primera vez de un capítulo dedicado al Patrimonio Mundial y al Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco, que establece una regulación para la tramitación de las iniciativas a las Listas del Patrimonio Mundial, como a las Listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, incluyendo los requisitos previos que deben cumplir los bienes que se proponen desde la comunidad autónoma.

También se introduce un título nuevo entero dedicado a la investigación, educación y difusión del patrimonio cultural. La investigación, en este sentido, constituye uno de los elementos básicos y esenciales en la tutela patrimonial, pues permite conocer mejor nuestro patrimonio profundizando en los valores que le son inherentes. Asimismo, tienen un papel relevante las medidas de fomento, como la figura del patrocinio en intervenciones relacionadas con el patrimonio cultural.